Las recientes declaraciones Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, han generando un profundo malestar en el seno del independentismo catalán, poniendo de relieve un conflicto político y judicial que permanece irresuelto por las partes implicadas. En una conferencia en Granada, Llarena calificó la Ley de Amnistía como un “instrumento político desprovisto de legitimidad constitucional” defendiendo que su interpretación recae en el Supremo, no en el Tribunal Constitucional. Estas palabras han sido recibidas como un desafío directo por parte de los independentistas, que acusan al magistrado de “desvirtuar una norma” que algunos sectores presentaban como un paso hacia la distensión, -aunque jamás ha estado exenta de dudas sobre su capacidad real para resolver las tensiones de fondo-.
Disertación del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la Ley de Amnistía y la malversación. pic.twitter.com/gisPF0uY90
— Vloonk (@vloonk) April 12, 2025
El rechazo de Llarena a aplicar la amnistía a líderes como Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, basado en su interpretación del delito de malversación, ha avivado la tensión y puesto nervioso al mundo procesista. El juez es tajante: argumeta que los fondos públicos usados en el referéndum del 1-O «generaron un beneficio patrimonial personal», una lectura que los independentistas califican de «artificio legal diseñado para mantener la presión judicial sobre el movimiento». Los defensores del texto legal aseguran que esta postura refleja una voluntad de obstruir cualquier avance hacia la normalización política. La idea de que la «amnistía podía cerrar heridas», promovida por con interés partidista por el Gobierno, es vista ahora por los independentistas como una ilusión frente a lo que califican como una «estrategia de bloqueo institucional».
El cop de gràcia de Llarena: el Suprem aplica l'amnistia, no el Constitucional.
— ANNA ||⭐|| (@ABalagu) April 13, 2025
El TC pot declar la llei d'Amnistia com a constitucional però no sobre el seu àmbit d'aplicació que correspondrà als tribunals des del TSJC al TS. https://t.co/sBMmoPsmQi
Llarena corrupte
— Joansnz (@joansnz) April 13, 2025
El cop de gràcia de Llarena: el Suprem aplica l'amnistia, no el Constitucional via @elnacionalcat https://t.co/SemYV7zAX5
Por otro lado, quienes respaldan a Llarena y su posición argumentan que esta postura defiende la integridad del Estado de Derecho frente a una ley que consideran diseñada para beneficiar a un grupo específico. Para estos sectores de opinoón, el juez protege los principios constitucionales al garantizar que delitos graves, como la malversación, no queden impunes bajo pretextos políticos. Su énfasis en la competencia del Supremo refleja, según ellos, un compromiso con la coherencia jurídica, evitando que decisiones legislativas cuestionables prevalezcan sobre la justicia.
