La reacción de los gobernantes catalanes al anuncio que Caixabank y Bankia están estudiando su fusión ha sido discreta y alejada de toda satisfacción. Tremosa ha pedido que la sede social vuelva a Barcelona lo que parece una petición puramente retórica ya que se ha anunciado que será Valencia dónde ambas entidades tienen su actual sede social. También ha dicho que aunque en principio el fortalecimiento de las entidades financieros es positivo ha mostrado su preocupación por el grado de oligopolio que pueda quedar en España. Por su parte Pere Aragonès se ha mostrado preocupado «porqué podría traer problemas» al poder restringir el acceso al crédito por la concentración del mercado bancario y tener un coste alto en puestos de trabajo. Además ha destacado que hay que mantener «la vinculación con el tejido económico y social del país».
El nacionalismo siente que la creciente incorporación de una dirección no catalana a la entidad (iniciada con el nombramiento de Gonzalo Gortázar como consejero Delegado) y, ahora, con la anunciada presidencia de Goirigolzarri y la presencia del estado como accionista, puede perjudicar unas relaciones, que históricamente habían sido muy fluidas, al primar los criterios profesionales sobre los de ‘hacer país’.
En la misma línea se han manifestado Sala i Martin y Canadell que ha sido más explícito respecto a la pérdida de catalanidad de la nueva entidad diciendo que CaixaBank «perderá sus orígenes» y será » un paso más para concentrar el poder en Madrid».