El Gobierno de la Generalitat anunció recientemente la movilización de 1.500 millones de euros en ayudas, subvenciones y créditos blandos con el objetivo de paliar los posibles efectos de la nueva política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.
El president Salvador Illa, en rueda de prensa, calificó la situación económica global como “inédita e imprevisible” y advirtió que los aranceles podrían afectar al 4% de las exportaciones catalanas, lo que se traduciría, según las estimaciones del Ejecutivo, en unas pérdidas de 4.351,4 millones de euros.
Diferentes puntos de vista
Sin embargo, desde el propio sector exportador se ha pedido calma y perspectiva. Joan Tristany, director general de la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas (AMEC), ha restado dramatismo al escenario planteado por el Govern. En declaraciones recogidas por el Diari de Barcelona, Tristany señaló que la industria catalana ha superado con éxito retos recientes como la pandemia o las restricciones comerciales derivadas de la guerra en Ucrania, y defendió que el tejido empresarial catalán está preparado para adaptarse a este nuevo contexto.
En este sentido, desde AMEC se apunta a que las exportaciones a Estados Unidos seguirán representando en torno al 10% del total, incluso con la posible aplicación de nuevos aranceles, gracias a la diversificación de mercados y la experiencia acumulada por las empresas.
De nuevo la cuestión nacional…
Mientras tanto, el debate político en torno a la respuesta del Gobierno español ha añadido más tensión al asunto. Junts filtró a la prensa que su apoyo al decreto antiaranceles impulsado por La Moncloa está condicionado a que al menos el 25% de las ayudas se asignen a Cataluña.
Por su parte, el diputado socialista José Zaragoza negó la existencia de cualquier cuota territorial: “Las ayudas se repartirán de forma proporcional al volumen de exportaciones. No hay privilegios ni excepciones”, aseguró, al tiempo que criticó al Partido Popular por, según él, bloquear sistemáticamente los consensos en política económica.
En medio de este cruce de intereses y declaraciones, la industria catalana apuesta por la estabilidad y la adaptación, mientras el Govern intenta blindar el tejido productivo frente a los vaivenes internacionales.
