La consellera de Vivienda, Silvia Paneque, ha firmado este lunes un acuerdo con los grupos parlamentarios de ERC, Comunes y la CUP, además del PSC, para aprobar un decreto ley con un conjunto de medidas para proteger el derecho a la vivienda mediante el blindaje de la regulación del alquiler y el fomento del régimen de protección oficial. Este decreto ley ahora deberá ser convalidado y posteriormente se tramitará como proposición de ley en el Parlament.
El decreto ley establece que «los arrendamientos de temporada y los de habitaciones tendrán los mismos topes que los alquileres habituales«, según ha informado el Govern en un comunicado. El texto, además, «especifica que todas aquellas viviendas que estén destinadas a la satisfacción de la necesidad de vivienda, independientemente de su duración, se considerarán alquileres de vivienda permanente y solo quedarán excluidas las viviendas destinadas a la satisfacción de usos recreativos o turismo, que deberán acreditar su condición en el momento de formalizarse».
En cuanto al alquiler de habitaciones, se delimita su alcance y se estipula que, en este tipo de contratos «la suma de las rentas pactadas en una única vivienda no podrán sobrepasar la renta máxima aplicable al alquiler unitario de la vivienda». Además, el decreto ley también recoge que «se considerará contrato en fraude cualquier acuerdo contractual que incorpore cláusulas o prácticas engañosas y que desvirtúe el equilibrio contractual en materia de vivienda».
El acuerdo contempla también modificaciones en la vigencia del plazo de calificación de las viviendas de protección oficial en zonas tensionadas. Así, esta calificación «se prorrogará obligatoriamente en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado mientras dure esta situación».
Plazas de aparcamiento
El decreto ley, por otro lado, incorpora enmiendas de los grupos parlamentarios y propuestas de colegios profesionales. De este modo, incluye medidas como dejar a criterio de los ayuntamientos la obligatoriedad de construir plazas de aparcamientos en los nuevos edificios de viviendas de protección oficial. También contempla medidas referentes al despliegue del registro de grandes tenedores y al ejercicio del derecho al tanteo y retracto por parte de la Administración.
El decreto ley, finalmente, tiene como objetivo «contribuir a la existencia de una oferta de vivienda suficiente y adecuada, que dé respuesta a la demanda existente y permita un equilibro del mercado, en condiciones de transparencia y de funcionamiento correcto y de revertir las deficiencias o insuficiencias». El objetivo del Govern es impulsar políticas «ambiciosas» en materia de vivienda para «favorecer el equilibrio entre la oferta y la necesidad de residencia habitual». Algo que debe beneficiar «especialmente» a los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado. Por ello, el Govern está actuando en los ámbitos de la regulación de los alquileres y del incremento del parque público de vivienda.
