Expertos, profesores y familias empiezan a protestar por la falta de previsión del Departamento de Educación, dirigido por el republicano Josep Bargalló, ante la ya inminente vuelta a las clases de los niños y adolescentes en Cataluña. A pesar de que Bargalló ha anunciado una dotación presupuestaria extraordinaria de 370 millones de euros para afrontar la situación creada por el COVID-19 en el mundo educativo catalán, de nada ha servido para calmar la incertidumbre y el nerviosismo generado en los centros y en las familias.
Esta nueva partida presupuestaria debe servir para, entre otras cosas, contratar 8.000 nuevos docentes que permitan reducir el ratio de las aulas. Sin embargo, y según denuncian algunos perfiles en Twitter, nada se sabe de estas contrataciones. El dinero servirá, además, para la «creación de una plataforma de contenidos potente», la «activación de un plan extraordinario de formación del profesorado en competencia digital docente» o «garantizar la gratuidad del material escolar».
Pero de poco han servido los anuncios y las palabras tranquilizadoras de Bargalló o del presidente Torra ante un inicio de curso en el que impera el miedo a los contagios por COVID-19. Y menos aún ayudan declaraciones como las del físico e investigador de la URV, Álex Arenas, convertido en uno de los expertos en la pandemia en Cataluña casi desde sus inicios.
Jugar a la ruleta rusa
En su cuenta de Twitter, Arenas han alertado de que abrir los colegios «con una incidencia por encima de 50/100.000 es temerario, epidemiológicamente hablando». En Cataluña en estos momentos, la incidencia es de casi 200 casos por cada 100.000 habitantes. De ahí que Arenas también haya añadido en su tuit dirigiéndose a los departamentos de Salud y Educación: «Cierres de escuelas garantizados, transmisión comunitaria garantizada, confinamientos garantizados, economía en bancarrota. ¿Queremos jugar a la ruleta rusa?».
Los docentes tampoco están tranquilos con el retorno a las clases. Perfiles como @docentsenrisc alertan sobre la posibilidad de que el número de contagios por COVID-19 sea aún mayor. Culpan no solo a Bargalló y a la titular de Salud, Alba Vergés, de la situación, sino también al Ministerio de Educación y a la socialista Isabel Celaá de lo que pueda suceder a partir de mañana en Cataluña. «Quieren abrir los colegios a toda costa», aseguran en uno de sus tuits, «les da igual manipular o mentir. No es su salud, es la de vuestros y nuestros hijos. Los docentes advertimos que es un polvorín«.
Familias enfrentadas
En el caso de las familias, la tercera pata del mundo educativo, las posiciones están enfrentadas. Por un lado, se encuentran los integrantes de Tornem a les Escoles, que defienden la vuelta a las aulas bajo las medidas anunciadas por las administraciones central y autonómica. Frente a ellos están las familias de Així no Tornem, que apuestan por todo lo contrario. Desde Tornem a las Escoles piden un regreso a las aulas «con todas las medidas sanitarias y de prevención necesarias que recomiendan epidemiólogos y pediatras». Consideran que los niño no solo necesitan «una educación de calidad, sino también socializar con el resto de compañeros, después de meses encerrados en casa».
Los integrantes de Així no Tornem apuestan por todo lo contrario y lo hacen con duros ataques al otro grupo de familias, a las que definen como «un fraude cometido por las élites empresariales«. Y han ido más allá desde su perfil de Twitter: «Alertamos a las familias que, ante una pandemia aún sin control, se está perpetrando un falseamiento barriobajero del debate público. Nos va la vida. No nos dejaremos llevar al vertedero para garantizar sus beneficios».
La amenaza de la huelga
Y frente a todos ellos se encuentran algunos sindicatos que, al igual que en Així no Tornem, apuestan por la huelga como forma de afrontar la situación creada por la pandemia. Es el caso de la sectorial de enseñanza de la CGT, que, entre otras cuestiones, reinvindica, además de medidas de seguridad para los docentes y los alumnos, el aplazamiento de las oposiciones para los interinos, que no ha sido aceptado por Educación.
