El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aprobado la solicitud del presidente Donald Trump para levantar una restricción que impedía deportar venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta norma, aplicada históricamente en la Guerra de 1812 y las guerras mundiales, permite expulsiones rápidas de inmigrantes. La decisión surge tras la deportación de 261 migrantes, más de 100 de ellos venezolanos, a países como El Salvador, el mismo día en que el juez federal James Boasberg ordenó detenerlas y hacer regresar los vuelos, algo que no ocurrió.
Supreme Court allows Trump to deport Venezuelans under wartime law, but only after judges' review | Click on the image to read the full story https://t.co/DxGn1xp3W6
— MyNBC5 (@MyNBC5) April 8, 2025
El fallo anula el bloqueo temporal de un tribunal inferior. Trump ha celebrado efusivamente la resolución como un avance para «asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias». Por su parte, Boasberg evalúa posibles sanciones a funcionarios por no cumplir su orden y negarse a dar detalles sobre los traslados. Hoy está programada una audiencia que podría definir el próximo paso.
El uso de esta ley, que no se invocaba masivamente desde hace décadas, subraya la prioridad de Trump en su segundo mandato de agilizar las deportaciones, especialmente de venezolanos, incluidos presuntos miembros del Tren de Aragua. Aunque el Supremo ha dado luz verde, el enfrentamiento con el poder judicial sigue latente, con debates sobre la legalidad y ejecución de estas medidas.
En otro contexto migratorio, Dinamarca ha dado un paso novedoso al alquilar 300 plazas en la cárcel de Gnjilane, Kosovo, por 200 millones de euros. Este acuerdo busca aliviar el hacinamiento en sus prisiones, enviando a extranjeros condenados a deportación a cumplir sus penas bajo leyes danesas antes de ser expulsados. Aunque no relacionado directamente, el caso danés muestra cómo otros países también buscan soluciones externas para gestionar migración y seguridad, en un momento de cambios globales en estas políticas.
El caso danés es especialmente revelador y pone de manifiesto la expansión de la retórica antiinmigracionista alrededor del globo. Dinamarca es un país gobernado por la socialdemocracia, garante de libertades civiles y poco sospechoso de vulnerar derechos fundamentales. El endurecimiento de las políticas migratorias también en la Europa oficialista evidencia una situación de hartazgo generalizado que va más allá del color político de cada individuo.
