Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona no ven ningún impedimento legal para que se celebre el pleno extraordinario sobre la monarquía el próximo 27 de agosto. Según el informe del secretario general, el pleno se puede celebrar porque «se trata de una proposición de naturaleza ‘política’, en el sentido de no producción de efectos jurídicos vinculantes sobre situaciones jurídicas individualizadas, que se presenta para su sustanciación en el Consejo Municipal, órgano de máxima representado política de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad».
El pleno se celebrará a petición de los partidos independentistas ERC y JxCat y tiene como objetivo acordar la retirada de la Medalla de Oro de Barcelona, títulos honoríficos y de todo tipo de reconocimientos personales, al rey emérito Juan Carlos I. Además, de constatar que la monarquía española es sucesora del régimen franquista.
También piden la reprobación del Gobierno del Estado por su colaboración necesaria en la salida de Juan Carlos I y solicita que el Estado y el Congreso de los Diputados implementen las reformas necesarias para poder investigar la corrupción de la monarquía.
La petición de los partidos independentistas incluye reafirmar el derecho de autodeterminación de Cataluña porque «los catalanes puedan decidir el futuro político e institucional y solidarizarse con cualquier iniciativa para ejercer el derecho democrático de la ciudadanía española a decidir libremente sobre el modelo de Estado».
Barcelona pel Canvi presentó un recurso solicitando la anulación del pleno
El grupo municipal BCN pel Canvi presentó un recurso de reposición firmado por Eva Parera en el que solicitaba la anulación del pleno extraordinario argumentando que «le falta preceptiva motivación que la justifique». Sobre este tema, los servicios jurídicos en su informe opinan que la convocatoria de sesión extraordinaria «responde al ejercicio por los miembros de la Corporación proponentes de su derecho fundamental a la participación política«.
Parera, en declaraciones a El liberal, afirma no estar de acuerdo con la interpretación del secretario general, según la regidora «las declaraciones institucionales tienen efectos políticos y no jurídicos, pero las proposiciones tienen efectos jurídicos. Una proposición aprobada tiene que ser ejecutada por el equipo de gobierno». Además, asegura que con el informe se «cubren las espaldas, reconocen que es ilegal el contenido y que pueden haber consecuencias legales, pero argumentan que es una decisión política y no jurídica».
Por su parte, Ciudadanos solicitaba reconsiderar varios puntos de la convocatoria de la sesión dada su manifiesta inconstitucionalidad y extralimitación de las competencias municipales. En este sentido, el secretario general ha declarado que «se trata de declaraciones estrictamente políticas adoptadas en la parte de impulso y control a instancias de Grupos municipales; sin efectos resolutorios de ningún procedimiento ni exigibilidad jurídica al gobierno. Aparte de su carácter no vinculante, tampoco se observa que sean susceptibles de producir ningún tipo de efecto jurídico y su contenido pertenece claramente al género de las declaraciones políticas».
También el Partido Popular se posiciona en contra de la convocatoria del pleno. En un tweet el portavoz del grupo municipal decía: «inseguridad, okupaciones ilegales, crisis económica, vuelta al cole, reactivación turismo, movilidad… Pero para separatistas y Ada Colau la prioridad de Barcelona es convocar un pleno para desprestigiar a la monarquía y exigir la independencia de Cataluña. Así nos va!!»