Ante el aumento de casos del coronavirus, la Generalitat ha tomado medidas restrictivas para tratar de frenar los rebrotes, como recomendar a los ciudadanos permanecer en sus domicilios o vetar las reuniones de más de 10 personas en algunas zonas de Cataluña. Por ello, sorprende que se haya permitido una manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Salou el próximo sábado 22 de agosto.
Ante esta situación, el alcalde la localidad, Pere Granados (Sumem per Salou) ha demandado a la Generalitat que no autorice la concentración de la ANC, ya que considera que la actual situación de pandemia desaconseja su celebración. La petición se ha producido a través de una carta dirigida al consejero de Interior, Miquel Buch, y a la consejera de Salud, Alba Vergés. En esta misiva, Granados alerta de que concentraciones como la que propone la ANC acarrean «aglomeraciones de personas» que constituyen un «riesgo importante de incremento de casos de infección». Siendo así, Granados califica de «acto de irresponsabilidad» el haber convocado dicha manifestación, y destaca que el gobierno catalán tiene como obligación «hacer cumplir las normas sanitarias».
El sector turístico, en contra de la manifestación
Por otro lado, el alcalde no olvida mencionar en su carta la crisis turística y económica que asola la ciudad, y señala que actos como el de la ANC representan una nueva «amenaza» para el sector —que ya ha mostrado su «preocupación e inquietud» por la manifestación—. La petición de Granados ha sido respaldada por el grupo municipal del PP en Salou.
La entidad nacionalista, por su parte, ha pedido a los asistentes que acudan a la concentración protegidos con mascarilla y en todo momento guarden la distancia de seguridad. Cabe decir que este es el tercer verano que la ANC organiza una concentración en Salou, pues en los años 2018 y 2019 se llevaron a cabo dos paseos por la República, a los que asistieron en torno a 500 personas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Salou aprobó el año pasado una moción en la que se exigía que se permitiese a los consistorios regular las manifestaciones celebradas en el municipio.
