Uno de los recursos habituales para escribir artículos veraniegos es glosar la Oceanografía del tedio, de Eugeni d’Ors. Francesc-Marc Álvaro lo ha hecho, brillantemente, en la Vanguardia: Un poco de tedio, por favor.
Sin entrar en otras consideraciones de orden histórico o estético, la breve recomendación final es digna de mención, y significativa de un hartazgo que a menudo no se manifiesta con la contundencia que debería: «Para los políticos, el tedio podría ser una barrera contra el exceso de gestos y frases vacías. El último sainete en el Parlament indica que algunos deberían tumbarse un buen rato y prolongar la siesta hasta finales de año. Una cabezadita no los convertiría en Churchill, pero quizá les haría comprender que la desobediencia desde el poder —como sabemos desde octubre del 2017— es un oxímoron que conduce a callejones sin salida.»
El «último sainete» no puede ser otro que el pleno extraordinario «sobre la situación política creada por la crisis de la monarquía española», toda una exhibición de «gestos y frases vacías» que por ahora no ha tenido más consecuencia tangible que abrir otro frente de rechazo, esta vez con los letrados del Parlamento.
El pleno concluyó con la Resolución 905/XII, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña con fecha 10 de agosto. De dicha publicación fueron suprimidas, por decisión de los letrados, algunas frases que podrían ser declaradas anticonstitucionales.
En una nota adjunta, firmada por el secretario general del Parlamento, Xavier Muro, se justifica la supresión por su deber de «impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento de lo que disponen» diversas sentencias del TC.
Fueron suprimidas, entre otras, la acusación a la monarquía de haber participado «en la represión y laminación de derechos del pueblo catalán», la evocación de «décadas de impunidad y enriquecimiento ilegítimo» y una referencia a «la continuidad de una monarquía delincuente».
Esta supresión, perfectamente ajustada a Derecho, ha sido denunciada por el grupo JxCat y por el presidente de la Generalitat, quien en un solo tweet consigue menospreciar a un alto funcionario y a la vez ahondar la brecha que lo separa de ERC: «El secretario general del Parlamento tiene el deber de obedecer al Pleno, que es soberano. Y si no lo hace, el presidente del Parlamento tiene el deber de cesarlo y asumir él y la Mesa la responsabilidad de publicar la resolución.» Resulta que los letrados tienen también el deber de obedecer a una instancia más alta como es el Tribunal Constitucional.
En un tweet anterior Torra había afirmado: «El pleno del Parlamento es soberano. Ningún funcionario puede decidir si se publica o no una resolución votada por el Pleno. Vaya, hasta aquí podíamos llegar.» Si creyera en lo que dice, ya habría expedientado a los díscolos letrados.
Por el momento, la Junta de Letrados del Parlamento ha entrado un escrito en el que dejan claro que siempre acatarán al TC, y el Consejo de Personal del Parlamento ha rechazado cualquier presión a los funcionarios.
¿Más presión a los funcionarios?
No comprometer a los funcionarios, o hacerlo tan poco como fuera posible, había sido una norma no escrita que había guiado a las autoridades autonómicas a lo largo del proceso hacia la declaración de independencia.
Paralelamente, aunque sin hacer demasiado ruído, también había circulado la idea de sancionar a los funcionarios que no acaten la ley de desconnexión, como reveló el País en su momento. El entonces diputado Lluís Llach lo dejó bien claro: «En el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán.»
En otra ocasión afirmó: «Cuando las cosas vayan en serio, Cataluña será un Estado serio. Y cuando estas leyes estén en vigor, aquel que no responda a la legalidad catalana podrá ser sancionado por el Estado catalán.»
Parece lógico que esto fuere así una vez conseguida la independencia, pero estamos muy lejos de ese supuesto. La independencia no se consiguió, y por más que se anuncie la voluntad de «volver a hacerlo», la vida sigue en el marco autonómico.
Es legítimo preguntarse si esta ofensiva contra los letrados del Parlamento anuncia una nueva fase en la que se espera que los funcionarios sigan, secunden y apoyen a los representantes políticos cada vez que pretendan desafiar al TC e incumplir las leyes. ¿Les ha llegado la hora de empezar a sufrir?
