La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha avisado que el consistorio utilizará los remanentes, que ha explicado que ascienden de 165 millones a 230 si se suma los de las entidades municipales: «Habrá unos hechos consumados. Haremos déficit sí o sí, sin ninguna mala fe. Nos pasará a todos, que gastaremos más de lo que ingresamos».
En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio , la alcaldesa ha reaccionado así al acuerdo entre en Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso del superávit de los ayuntamientos.
La alcaldesa ha explicado que el consistorio tiene un presupuesto precrisis aprobado y ha asegurado que no dejará de atender servicios básicos, por lo que ha deseado que este decreto ley se modifique en el Congreso.
Ministerio de Hacienda
«La ministra de Hacienda ha tenido una actitud que no entiendo, antimunicipalista y cerrada al diálogo», ha dicho Colau sobre Maria Jesús Montero, y ha añadido que se tendrá que abrir a negociar porque considera que este es un problema transversal y no de partidos políticos.
Colau ha reclamado que se cambie el marco legislativo de estabilidad presupuestaria, ya que considera un contrasentido que se deje endeudarse a las comunidades autónomas y al Estado y a los ayuntamientos se les «penalice» y no se les deje endeudarse.
Sobre la postura de sus socios de gobierno del PSC en Barcelona, Colau ha afirmado que su posición quedó reflejada en el pleno de junio, cuando de manera unánime «todas las formaciones políticas votaron a favor de exigir al Estado que deje usar los remanentes y haya un cambio legislativo».
Valencia
El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), ha asegurado que está en total desacuerdo con la medida y ha sostenido que están trabajando para que «el Gobierno cambie elementos claves para que sea aceptable» y se puedan utilizar libremente los remanentes municipales.
Valencia tiene un superávit de 36 millones de euros, que en el último pleno aprobó destinar a pagar la deuda, pero Ribó a precisado que esto aún no se ha ejecutado, a la espera de que se modifique este decreto sobre el uso de remanentes.
«Querríamos tener margen. Esperemos que Montero no se comporte como Montoro», ha defendido Ribó, en referencia al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP), y ha asegurado tener la sensación de que el Gobierno no entiende la función de los ayuntamientos y ha acusado al Ejecutivo central de tratar a los consistorios de manera paternalista.
Lleida
El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), en la misma entrevista, ha explicado que su ayuntamiento no tiene superávit, sino un déficit de 175 millones de euros, que ha achacado a la gestión de los anteriores ejecutivos municipales.
«No me dan la oportunidad de desobedecer porque no tengo superávit. Lo que pedimos los alcaldes y alcaldesas es que necesitamos ayudas», ha reclamado Pueyo, que ha criticado que los impuestos pagados por los ciudadanos de Lleida no tengan retorno en la ciudad.
Badalona
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha pedido que se escuche a los regidores porque esto «no es una cuestión de partidos políticos», y ha acusado al PSOE de ir en contra de todo el mundo y bloquear los ahorros de los vecinos para obtener un préstamo para el Estado.
En el caso de Badalona, Albiol ha asegurado que el Ayuntamiento tiene 133 millones de euros de superávit y ha reclamado al Gobierno que modifique la conocida como Ley Montoro: «La Ley Montoro no es la Biblia. Las leyes no son eternas. En estos momentos la misma ley no tiene demasiada lógica».
Ha explicado que en el PP están pidiendo a los alcaldes «hacer una insumisión pero legal, no acciones al margen de la ley», ya que asegura que la ley permite que el alcalde tome la decisión unipersonal sobre el superávit.
Reus
El alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDeCAT), ha concretado que su Ayuntamiento tiene dos millones de euros de remanentes y ha avisado: «No los cederemos al Estado, veremos cuál es el mejor destino. A la mínima los abocaremos a la ciudadanía».
Ha reclamado una rectificación al Gobierno y que se respete la autonomía municipal, y ha destacado que forma parte de un frente común de alcaldes que ha pedido una reunión con Montero, que esperan que sea en agosto, y que el Congreso modifique este decreto.