Todos hemos sufrido en nuestras carnes el incremento de los precios de la energía de los últimos años. Los bandazos en el suministro de gas natural ruso y el incremento de los costes por emisiones de CO2, que en el mundo sólo impone la súper ecologista Unión Europea, han esquilmado el bolsillo de millones de familias y ha hecho menos competitivas a las empresas españolas.
Aunque es una perogrullada recordarlo, lo haré porque aún hay muchos políticos de este país que no se enteran: un país sin una energía barata está condenado a la ruina. Esta circunstancia merma la capacidad de consumo de las familias, incrementa los costes de producción, dificulta exportaciones, limita la captación de nuevas empresas o centros de datos y limita el crecimiento económico de manera muy notable.
Es bastante obvio también que una nación debe de hacer lo posible para garantizar su soberanía energética y reducir su vulnerabilidad. Depender de terceros países para hacer viable el funcionamiento de tu territorio no es muy responsable. Por ello, es importante que España pueda disponer de las máximas fuentes de generación energética posibles. No debe renunciar a ninguna de ellas para satisfacer mantras ideológicos de la izquierda woke de turno.
«En Cataluña, la energía nuclear es la principal fuente energética para la producción de energía eléctrica.»
Debemos hacer lo posible por tener alta capacidad de generar energía solar, eólica, de ciclo combinado, hidroeléctrica y, por supuesto, la nuclear. Es una irresponsabilidad mayúscula renunciar a cualquiera de estas fuentes de energía ya que podría poner el riesgo el obligado suministro, cosa que al Gobierno de España parece que le tiene sin cuidado. Ha condenado a la central nuclear extremeña de Almaraz y ya tienen fecha de caducidad los tres reactores que hay en Cataluña (Ascó I en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellòs en 2035) que son los que más energía generan en esa región, altamente demandante de electricidad a precio asequible.
En Cataluña, la energía nuclear es la principal fuente energética para la producción de energía eléctrica, representando un 56,9% de la producción total. Sólo el 10,7% de las unidades de energía producida ha tenido como origen la tecnología eólica y fotovoltaica. Eso quiere decir que para cumplir con el anhelo de sustituir la nuclear por la renovable y cumplir así con los sueños húmedos de los políticos ultra ecologistas que nos gobiernan, se debería multiplicar por 6 la potencia instalada de las tecnologías solar y eólica.
Ese objetivo es, objetivamente hablando, imposible de cumplir. Más aún teniendo en cuenta que en Cataluña, para mover un papel de un despacho a otro, hay que superar espantosos trámites burocráticos judiciales, financieros, urbanísticos y ambientales, además de comerte tres manifestaciones por hora impulsadas por separatistas de la CUP y comunistas de diverso pelaje. Parece mentira que Salvador Illa aún no se haya dado cuenta de que a Cataluña la preside “la cultura del no”.
Tal y como reconoce un reciente estudio de PwC, «sería necesario instalar alrededor de 1.500 MW cada año hasta 2030, esto es, alcanzar un ritmo de desarrollo 65 veces superior al que se ha dado durante los diez años anteriores». Francamente, no creo que los socialistas sean tantas veces mejores gestores que los anteriores de ERC, más aún si se apoya en ellos para gobernar la región.
No es fácil deducir que los políticos catalanes nos están vendiendo la burra, que no van a alcanzar los objetivos que ellos mismos se han autoimpuesto para parecer muy eco-friendly y que lo único que van a conseguir, si no corrigen el rumbo, es llevarnos a una catástrofe de suministro energético que todos lo pagaremos muy caro en forma de apagones, huida de empresas y decadencia económica.
Ojalá un asunto de tanta enjundia como este se llevara a cabo con transparencia, sin apriorismos ideológicos, con orden, garantizando el suministro eléctrico, ajustando los calendarios a la realidad y con más ciencia, tecnología e ingeniería encima de la mesa.
