Junts y el Ejecutivo socialista han anunciado hoy un acuerdo sobr el reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS) que ha generado una fuerte controversia. Según las primeras informaciones, de los cerca de 4.400 menores que necesitan ser reubicados —muchos procedentes de Canarias, cuya capacidad está desbordada—, la Comunidad de Madrid acogerá más de 700, mientras que Cataluña recibirá tan solo entre 20 y 30. Este reparto, que se formalizará mediante un decreto ley que modifica la Ley de Extranjería, ha sido presentado como una solución «justa y equitativa» para abordar la crisis humanitaria y «promover la integración», pero las cifras han generado un intenso debate político.
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— Patricia Rodríguez (@patriciardguezc) March 18, 2025
El Gobierno conforma con Junts el reparto de Menas: 700 para Madrid y solo 20 para Cataluña pic.twitter.com/crBTDzV7eh
Un reparto desigual
La desproporción entre las asignaciones ha puesto el foco en las negociaciones entre el Gobierno socialista y Junts, que no deja de ser un partido clave para la estabilidad parlamentaria del PSOE. Por contra, Madrid, gobernada por el Partido Popular, oposición de Sánchez, asumirá una carga significativa, mientras que Cataluña, bajo el mando de los mismos socialistas y con un historial de tensiones con el Gobierno central, sale notablemente beneficiada con una asignación mínima. Este trato ha sido interpretado por la mayotía como una concesión a Junts, que además ha logrado incluir en el pacto la cesión de ciertas competencias migratorias a Cataluña.
En este sentido, cabe destacar que Cataluña ya acoge a una cantidad considerable de inmigrantes -una de las mayores de España-, lo que podría explicar en parte su reducida contribución en este reparto.
Reacciones
Los principales partidos de la oposición -PP y Vox- han calificado el acuerdo de «injusto» y han advertido sobre posibles recursos legales, aseverando con contundencia que «se castiga a las regiones que no negocian favores políticos». El Gobierno se defiende que el criterio responde a factores como la capacidad de acogida y la población de cada región. Contra esta narrativa, los mismos sectores independentistas en Cataluña celebran el pacto como una victoria de «la presión negociadora de Junts.»
Un pacto criminal entre criminales.
— Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) March 18, 2025
Repartir ilegales en lugar de repatriarlos con sus familias agravará el colapso asistencial y la inseguridad en las calles.
Con VOX ni 30 ni 30.000 menas a ningún lugar de España, repatriación con sus padres a sus países de origen. https://t.co/xRZgKlbkLg
La polémica trasciende el reparto numérico y pone de manifiesto la fragilidad de las alianzas que sostienen al Gobierno de Sánchez. El decreto ley, que será aprobado en el Consejo de Ministros, promete seguir alimentando el enfrentamiento político en los próximos días, con las comunidades afectadas exigiendo claridad y un reparto más equilibrado. Las regiones más damnificadas por el acuerdo prometen seguir defendiendo una postura crítica, cuestionando seriamente las motivaciones del Ejecutivo para estas directrices.
