El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 26 aprobó el documento presentado por la vicepresidenta Montero a los gobiernos de las CC. AA. de régimen común sobre condonación de la deuda autonómica, tras ausentarse de la reunión 12 de las 15 Comunidades convocadas, al existir discrepancias sobre la metodología empleada y el resultado de la distribución de la deuda total condonada. La condonación aprobada contempla traspasar al Estado 17.104 millones de la deuda contraída por los gobiernos de la Generalidad de Cataluña y 66.148 millones de la deuda contraída por las otras 14 Comunidades de régimen común, una oferta que estas últimas no podrán rechazar sin perjudicar a sus ciudadanos. Con esta condonación, Sánchez cumple el compromiso de investidura adquirido con ERC de reducir en al menos 15.000 millones la deuda de la Generalidad de Cataluña.
No me sorprende que los consejeros de la mayoría de Comunidades abandonara una reunión donde todo el pescado estaba vendido de antemano y nada sustancial iba a negociarse allí: ni la pertinencia de los criterios aplicados por la ministra de Hacienda para cumplir el compromiso de investidura con ERC, ni la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica, ni el establecimiento de pautas presupuestarias para evitar el endeudamiento excesivo de Cataluña en el futuro. Nos encontramos ante un caso más de instrumentalización del Estado por el gobierno de Sánchez, en este caso dispuesto a traspasar deuda de unas Comunidades a otras para asegurarse el respaldo de los siete diputados de ERC en el Congreso y seguir gobernando con respiración asistida.
El gobierno tiene la potestad de aprobar presupuestos deficitarios y financiarlos con emisiones de deuda cuyo servicio recae por igual sobre todos los españoles que contribuyen al sostenimiento del Estado, pero no está constitucionalmente capacitado para traspasar la deuda de los ciudadanos, que recibieron los beneficios del gasto financiado con deuda a quienes no recibieron ningún beneficio, por tratarse de una medida que incumple groseramente los principios tributarios de igualdad y progresividad reconocidos en el artículo 31 de la Constitución y hasta pudiera considerarse de alcance confiscatorio.
Cómo cubrir las apariencias
La propuesta de Montero constituye una operación en tres fases de encubrimiento de la condenación de 15.000 millones de la Generalidad de Cataluña acordada con ERC. En la Fase 1, el gobierno condona 75 % de la diferencia entre el aumento del endeudamiento de las CC. AA. desde diciembre de 2009 a diciembre de 2013 (109.582 millones) y el aumento del endeudamiento desde diciembre de 2019 a diciembre de 2023 (29.272). Los 60.232 millones a condonar se distribuyen entre las 15 CC. AA. de régimen común empleando el valor medio de la población ajustada en cada Comunidad entre 2010 y 2022. Aunque restar las dos cifras (en lugar de sumarlas) y multiplicar la diferencia por 0,75 (en lugar de cualquier otro número en 0 y 1) son decisiones completamente arbitrarias, el reparto del total a condonar se realiza empleando un criterio apropiado, la población ajustada de cada Comunidad, y proporciona un resultado que a ninguna Comunidad favorece o perjudica ya que todas ellas traspasan al Estado la misma cantidad de deuda, 1.368 euros, por habitante ajustado.
En la Fase 2, “se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19 % de condonación de deuda”. Aunque Cataluña ya recibe 10.249 millones en la Fase 1, la segunda cifra más alta, su botín se suplementa con 6.371 millones en la Fase 2 para alcanzar el porcentaje mínimo de condonación. Este ajuste premia arbitrariamente a Cataluña y a la Comunidad Valenciana que traspasan 6.371 y 4.493 millones, respectivamente, de su deuda al Estado. El criterio aplicado, asegurar un porcentaje mínimo de condonación de la deuda de 19 %, constituye un agravio comparativo que premia (castiga) a las Comunidades que menos (más) se esforzaron en contener el aumento de su deuda. En realidad, estamos ante un mero subterfugio de Montero para cumplir el compromiso de investidura de condonar al menos 15.000 millones de deuda a Cataluña.
La Fase 3 del ajuste supone un reparto adicional de 11.506 millones para reducir el agravio creado en la Fase 2, distribuyendo 10.590 millones a las Comunidades “que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media”, y premiar con 917 millones a las Comunidades “que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF”. El resultado de aplicar ambos criterios que vuelven a despreciar el esfuerzo realizado por las Comunidades por no endeudarse se distribuye así: Andalucía 7.351 millones, Castilla-la-Mancha 1.804 millones, Murcia 972 millones, Cataluña 484 millones, Canarias 282 millones, Aragón 199 millones, Extremadura 156 millones y Baleares 83 millones.
Las consecuencias de aplicar criterios ajenos a los principios de igualdad y progresividad en las Fases 2 y 3 tiene consecuencias devastadoras: la deuda por población ajustada finalmente condonada a Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia alcanza 2.284 euros; a mucha distancia encontramos a Baleares con 1.551 euros, Aragón con 1.509 euros, Extremadura con 1.506 euros y Canarias con 1.498 euros; y en la cola a Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid y La Rioja con una condonación por habitante ajustado de 1.369 euros. La diferencia entre la deuda por población ajustada condonada a Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia Cataluña y las Comunidades peor tratadas asciende a 915 (=2,284 -1.369) euros.
Y sacar algún rédito político
Tres son las principales conclusiones que podemos extraer. Primera, el procedimiento empleado por la vicepresidenta Montero para condonar deuda no responde a ninguna lógica fiscal razonable y busca racionalizar el acuerdo de investidura de Sánchez con ERC de condonar al menos 15.000 millones de deuda a Cataluña. Segunda, la condonación total por habitante ajustado de Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla, Murcia y Valencia (2.284 euros) supone un agravio comparativo con la cifra condonada a Asturias, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Madrid y La Rioja (1.369 euros) y bien podría considerarse un acto confiscatorio, puesto que los ciudadanos de estas Comunidades no recibieron beneficio alguno del gasto financiado con la deuda emitida por Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla, Murcia y Valencia. Y, tercera, el exceso de deuda por población ajustada (9.508 millones) a condonar a Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia recaerá sobre los ciudadanos de Madrid (34,74 %), Galicia (16,11 %), Castilla y León (14,64 %), Canarias (9,00 %), Asturias (6,06 %), Aragón (5,33), Extremadura (4,63 %), Baleares (4,02 %), Cantabria (3,25 %) y La Rioja (1,80 %), y los grandes beneficiados serán los ciudadanos de Andalucía (33,95 %) Cataluña (30,91 %), Valencia (20,26 %), Castilla la Mancha (8,89 %) y Murcia (5,89 %).
La conclusión general es que la condonación de la deuda autonómica impulsada por la vicepresidenta de Hacienda responde a una lógica partidista no económico-fiscal. Había que inventarse un procedimiento para justificar la condonación de al menos 15.000 millones de deuda a Cataluña y eso explica la corrección introducida en la Fase 2 para condonar a Cataluña 6.351 millones sobre un total condonado de 11.511 millones. Pero había que inventarse también un procedimiento para favorecer a Andalucía, la Comunidad donde la vicepresidenta quiere concurrir con las alforjas llenas para recuperar la presidencia de la Junta, y ahí es donde entra la Fase 3 que condona a Andalucía 7.531 millones sobre un total de 11.259 millones. Política fiscal a la medida de un gobierno para el que todo vale con tal de seguir en la Moncloa.
