Representantes del Govern, de Renfe y de Adif han acordado diferentes medidas con el objetivo de intentar evitar que la red de Rodalies vuelva a verse afectada por los graves problemas que se han producido en los últimos meses. Así lo ha anunciado la consellera de Territorio, Silvia Paneque, quien ha explicado que, al margen de estos acuerdos, «es necesario mantener las inversiones necesarias en las infraestructuras ferroviarias de Cataluña».
Estos acuerdos se han adoptado en un encuentro en el que han participado la propia Paneque; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias.
Inversiones «colosales»
Paneque ha explicado que, durante el encuentro, se ha podido realizar «un diagnóstico sobre qué ha estado pasando esta semana y las causas». «En este momento», ha añadido, «se hacen inversiones de gran envergadura dado que tenemos una red ferroviaria que ha sufrido durante muchos años una serie de desinversiones. Tenemos unas infraestructuras para un país (sic) de seis millones de personas cuando en realidad somos ocho y medio y se tendrían que haber incorporado soluciones en la última década». La consellera, finalmente, ha señalado también que la Generalitat tiene la titularidad de las infraestructuras desde hace años y que estas necesitan «reformas colosales», lo que quiere decir «tiempo».
Acuerdos adoptados
Els acords del Govern de Catalunya amb Renfe i Adif són els següents:
✅ Intensificació dels treballs d’inspecció d’infraestructures
✅ Pla de Rodalies 2025-2030 per definir prioritats i inversions
👉— Sílvia Paneque (@SilviaPaneque) March 10, 2025
En cuanto a los acuerdos adoptados, destacan la intensificación de las inspecciones de las infraestructuras de Rodalies, sacar adelante el Plan de Rodalies 2025-2030 para concretar las inversiones, acelerar los procesos de contratación de personal técnico, comunicar a la Generalitat seis meses antes las intervenciones que puedan afectar a los usuarios y fijar un calendario de reuniones entre todos los responsables para analizar la situación en cada momento.