Gobierno y Govern han certificado esta semana el enésimo final del procés con el regreso de las sedes de la Fundación La Caixa y Criteria a Barcelona. CaixaBank seguirá en Valencia, pero Isidre Fainé vuelve a casa para bendecir la normalización institucional de Cataluña bajo la presidencia de Salvador Illa. Las patronales catalanas han lanzado las campanas al vuelo, mientras los líderes del 1-O intentan evitar que suene demasiado su rechinar de dientes ante el tanto a favor del PSC. La política del aburrimiento es lo que tiene, tan poco vistosa en los Telenotícies como aplaudida en los cenáculos del poder económico.
Aunque las externalidades de esa pax romana impuesta por los socialistas en Cataluña no dejan de levantar polémica. La última, a cuenta del acuerdo alcanzado con Junts para la delegación a la Generalitat las competencias en inmigración. La progresía del catalanismo era eso: dar la bienvenida a las corporaciones financieras, pero no a los inmigrantes. Sobre todo a los pobres, diferentes y que encima profesan otras confesiones.
El 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y si nos fijamos en el lugar de nacimiento este porcentaje se eleva hasta el 25%, argumentan PSOE y Junts para justificar el interés independentista por tomar las riendas del control de la inmigración. En su exposición de motivos, la Proposición de ley registrada por ambos partidos en el Congreso alude además al “impacto que representa para la lengua catalana” ese aluvión migratorio.
Por ello, proponen un “nuevo contrato social” fijado en un “marco de derechos y deberes” que “debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad” para “proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura”. Si en el párrafo anterior se aludiera al español y la cultura española, en vez del catalán, dudo que Vox tuviera ningún problema en suscribirlo.
«Tenemos a un Gobierno que lo mejor que puede decir de la proposición de ley de delegación de competencias en inmigración es que es legal. Y aún eso está en duda.»
Quizá por eso ha desatado las iras de Podemos -necesitado de una bandera con la que tapar el ‘caso Monedero’- y generado manifiesta incomodidad en los sectores más a la izquierda de Esquerra. Si a eso le añadimos las dudas expresadas por Compromís y Más Madrid, o en sectores del propio PSOE, podemos augurar que la proposición de ley no tendrá un trámite fácil en el Congreso.
Aún así, Junts se ha apuntado un tanto que vale por dos. Por un lado, desmienten la ineficacia de sus aspavientos políticos: han doblegado la resistencia del Gobierno con una proposición de ley que esquivará el informe del Consejo de Estado y le permite asegurar que ellos sí se atreven a afrontar de cara la gestión de la inmigración y los problemas que de ello se derivan.
Por otro, entrega a Salvador Illa un regalo envenado de muy difícil gestión. Los problemas derivados de la inmigración, desde el tensionamiento de los servicios sociales a la gestión de los menores no acompañados, no se resolverán por la vía de expedir documentación en catalán. Pero será Illa, al que nadie ha consultado sobre tan brillante acuerdo, quien tenga que asumir ese nuevo frente. Mientras Junts, desde la oposición, tendrá el camino expedito para criticarle sin pudor por no hacer buen uso de las herramientas que tan graciosamente han puesto en sus manos. Y sospecho que las críticas tendrán más que ver con la falta de expulsiones que con la situación de los CIE.
Paralelamente, tenemos a un Gobierno que lo mejor que puede decir de la proposición de ley de delegación de competencias en inmigración es que es legal. Y aún eso está en duda.
Nadie en esta negociación se ha movido por el bienestar de los migrantes o la eficacia en la gestión de sus flujos. Tampoco por mejorar la seguridad nacional, que hace aguas en todos los países europeos, también en España, a la vista de los repetidos ataques terroristas de raíz islamista. De hecho, somos el coladero migratorio de Europa, para regocijo del socio minoritario del Gobierno y enfado de nuestros socios comunitarios.
Pero a Pedro Sánchez le importa seguir en la Moncloa y a Junts conseguir una victoria política y poner las bases de otra estructura de estado esencial para la próxima vez que intenten el asalto a la secesión. Sin olvidar que solo si mantienen la “Cataluña catalana” volverá a haber un 1-O.
El mayor freno del independentismo no es el PSOE -por supuesto-, tampoco el PP, como demostró en su día José María Aznar. Ni siquiera Vox. El mayor reto es la demografía: Cataluña solo crece en población por los extranjeros, ya ni siquiera españoles procedentes de un sur empobrecido a los que era más fácil “integrar”. Un cambio demográfico que cambia el paisaje social catalán, como señala escandalizada Sílvia Orriols. Eso es lo que intenta frenar Junts con su reclamación de la inmigración. O al menos es lo que cuenta a sus electores para evitar ser superados por Aliança Catalana.
