La proposición de ley acordada entre Junts y el Partido Socialista apenas permitirá a la Generalitat expulsar a inmigrantes a sus países de origen. En el apartado sexto, que aborda el régimen sancionador, se especifica que «se delega en Cataluña la ejecución de la normativa del Estado respecto a aquellos supuestos en los que la normativa del Estado no requiera la tramitación de expediente de expulsión«. Del mismo modo, el acuerdo también subraya que se delega «la instrucción y propuesta de resolución de […] procedimientos sancionadores».
Menos lobos…
Como ya advertimos en El Liberal tras la publicación del comunicado de Junts, en el que anunciaban a bombo y platillo que las expulsiones dependerían íntegramente de la Generalitat, la realidad es que su capacidad ejecutora será mínima. Es decir, solo podrán ejecutarse expulsiones sin expediente en una situación muy concreta: cuando la entrada irregular se produzca directamente en Cataluña.
Ahora bien, la mayoría de los países de origen no reconocen a sus ciudadanos. Esto dificulta enormemente la ejecución de expulsiones. En otras palabras, expulsar a una persona no es tan sencillo como anuncia Junts.
Su supuesta «victoria épica» se reduce a una quimera argumentativa cuando se analiza detenidamente la proposición. Cataluña actuará, en la práctica, como una «ventanilla única». Será una oficina de inmigración encargada de ejecutar la normativa estatal con base en la legislación europea.
El problema es que esta cesión de competencias de iure podría traducirse de facto en una fiesta nacionalista de la ineficiencia, financiada, eso sí, por todos los ciudadanos españoles.
