Más allá de los méritos estéticos, quizá el principal mensaje que transmite la saga de El Padrino, muy oportunamente repuesta por la televisión gubernamental estos días, es que, pese a los muchos esfuerzos de Michael Corleone por convertir la ‘familia’ en una organización legal, el pasado regresa implacable y acaba siempre por desbaratar los repetidos intentos de reconducir sus negocios y hasta de rehacer su sombría vida personal. Cuando uno cede a la tentación y se entrega en cuerpo y alma al arte del engaño sin ningún escrúpulo, cuando uno da el paso de destruir a sus enemigos utilizando todos los medios a su alcance para preservar sus intereses, recuperar la inocencia perdida no pasa de ser un señuelo con el que quien lo hace pretende autoengañarse, porque incluso a los criminales más curtidos les resulta difícil vivir día tras día encerrados en los límites de su propio laberinto, y añoran paladear el respeto que no emana del miedo que inspiran y hasta sentir la caricia de la amistad y el amor auténticos.
Las formas y el fondo de las actuaciones desplegadas por los gobiernos presididos por Pedro Sánchez se asemejan mucho en la forma y en el fondo al modus operandi de las organizaciones mafiosas tanto por haber convertido el engaño en recurso reiterado para ejercer el poder como por la utilización de todos los medios a su alcance para acabar con sus enemigos políticos. No estoy pensando en las actuaciones políticas que afectan a miembros del núcleo familiar más estrecho del presidente, como la creación de una cátedra universitaria ad personam para su esposa o un puesto de trabajo bien remunerado para su hermano en una institución pública, financiadas con aportaciones de empresas con conexiones gubernamentales en el caso de su esposa y con cargo a los contribuyentes en el segundo.
Ni siquiera estoy pensando en la indecente actuación de García Ortiz, fiscal general del Estado, por servirse de la institución encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad para obtener información reservada sobre las actividades de un ciudadano, trasladarla a otros órganos del gobierno, filtrarla a medios de comunicación afines a Sánchez e intentar en un acto de cinismo hiperbólico borrar todas las pruebas que lo incriminaban. La razón de que ni la cátedra de la esposa de Sánchez, ni el puesto de dirección orquestal creado por la diputación de Badajoz para el hermano del presidente, ni la indecente actuación del fiscal general para suministrar munición a los tiradores para acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid me preocupan en exceso es porque estas actuaciones caciquiles y mafiosas están siendo investigadas por los tribunales de justicia a pesar del gobierno. Me preocuparían y mucho si las intromisiones protagonizadas por la fiscalía y la abogacía del Estado a instancias del gobierno para descarrilar la instrucción de estos tres casos hubieran logrado su objetivo, porque significaría la quiebra total del Estado de Derecho.
Las actuaciones mafiosas de mayor calado y capacidad corrosiva son las que han venido perpetrando los gobiernos de Sánchez, en coordinación con los líderes de otros grupos mafiosos (y hasta con un pasado terrorista) asentados en Cataluña y El País Vasco, para eludir los contrapesos del Estado de Derecho y repartirse el botín con ellos. En unos casos, se trata de meras extralimitaciones del poder ejecutivo para adoptar decisiones contrarias a la letra y el espíritu de las competencias ejercidas, como la concesión de indultos a delincuentes condenados con todas las garantías procesales y no arrepentidos de sus actos. Junqueras y otros golpistas catalanes se han beneficiado de estas medidas, al igual que Chaves y Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, por sus responsabilidades en el diseño e implementación de los fraudulentos expedientes de regulación de empleo en beneficio de la ‘familia’, con una discrecionalidad y prodigalidad propia de un jefe mafioso.
Indecentes como puedan parecernos los indultos injustificados, su indecencia palidece cuando se los compara con la aprobación de normas que, como la ley orgánica de amnistía, buscan expresamente borrar los delitos de ciudadanos, condenados por participar (incluso de forma violenta) en el intento de secesión liderado y financiado por el gobierno de Cataluña en 2017, y otorgar inmunidad a prófugos de la justicia, sin que los miembros de los gobiernos de Sánchez se inmuten cuando se les pregunta por qué decían hasta hace no tantos meses que las aberrantes exigencias de amnistía planteadas por los secesionistas eran patentemente inconstitucionales, ni los líderes del PSOE tengan inconveniente alguno en viajar al extranjero para reunirse con prófugos y comprar los votos de sus 7 diputados. Cuando un presidente del gobierno prefiere alcanzar acuerdos que le obligan a aprobar leyes inconstitucionales para mantenerse en el poder, sólo puede extraerse una conclusión: todo vale y el Estado de Derecho está en peligro.
Los acuerdos de investidura de los presidentes Sánchez (PSOE) e Illa (PSC) con ERC, JuntsxCatalunya y EH Bildu van mucho más allá de lo que cualquier persona razonable puede considerar pactos normales entre grupos parlamentarios para facilitar la gobernabilidad, y no resulta en absoluto exagerado interpretarlos como cesiones a grupos mafiosos que están socavando la credibilidad de instituciones clave del Estado como el gobierno de España, Las Cortes, los procedimientos judiciales y el Tribunal Constitucional. El delicado equilibrio se sostiene por una circunstancia inaceptable para cualquier persona honrada: el gobierno de Sánchez se atreve a aprobar incluso normas consideradas inconstitucionales por ellos mismos, porque tras nombrar magistrados del Tribunal Constitucional a varias personas afines, incluido algún exministro, cuenta ahora con una mayoría ‘progresista’ dispuesta a constitucionalizar lo que haga falta para mantenerlo en La Moncloa.
El chantaje siempre ha sido una de las armas favoritas de las organizaciones mafiosas y Sánchez y sus lugartenientes son consumados doctores en este arte. Lo ocurrido estos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera constituye un ejemplo más del chantaje que practica este gobierno para aguantarse con pinzas. La vicepresidenta Montero llegó a reunión con el acuerdo cerrado con un golpista al que su gobierno ha indultado y amnistiado (Junqueras) que contempla traspasar al Estado 17.104 millones de la deuda contraída por los gobiernos de la Generalidad de Cataluña y 66.148 millones de la deuda contraída por las otras 14 Comunidades, “una oferta que no podrán rechazar”. No me sorprende que los consejeros de la mayoría de Comunidades abandonara una reunión donde todo el pescado estaba vendido y nada sustancial iba a negociarse allí: ni la pertinencia de los criterios aplicados por la ministra de Hacienda para cumplir el compromiso de investidura adquirido con ERC (reducir en al menos 15.000 millones la deuda de la Generalidad), ni la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica ni el establecimiento de pautas presupuestarias para evitar el endeudamiento excesivo de Cataluña en el futuro.
Cuando un gobierno y su partido engañan a los votantes, indultan a golpistas no arrepentidos, aprueban normas consideradas por ellos mismos flagrantemente inconstitucionales, dirigen las actuaciones de instituciones del Estado de Derecho como la fiscalía y la abogacía del Estado a descarrilar procesos judiciales, utilizan el Tribunal Constitucional para enmendar sentencias de los tribunales, recaban información sobre contribuyentes para atacar a los líderes de la oposición, y reparten arbitrariamente los recursos del Estado para ganarse el respaldo de otras ‘familias’ políticas, las fronteras entre partidos políticos y organizaciones mafiosas se desvanecen. Hay, no obstante, una diferencia importante porque el líder político corrupto desnaturaliza las instituciones claves del Estado para diseñar, maquillar e implementar sus tropelías, en tanto El Padrino está obligado a corromper desde fuera del Estado a policías, jueces y senadores para engrasar su maquinaria criminal. Entiendo que los atemorizados ciudadanos paguen el ‘impuesto’ exigido por el líder mafioso para evitar sus represalias, más difícil me resulta comprender por qué ciudadanos honrados siguen respaldando en las urnas a un líder político corrupto.
