Durante años Cataluña gastó mucho más de lo que ingresaba. Dilapidó miles de millones en crear “estructuras de Estado” para preparar la secesión que quisieron conseguir a través del golpe de Estado que todos vimos en 2017. Es la región con los impuestos más altos de España, la que tiene más chiringuitos ideológicos y, de largo, la que más deuda pública ha venido acumulando: ronda los 90.000 millones de euros.
No recuerdo año en el que Cataluña no cerrara las cuentas anuales en números rojos. Es el déficit hecho administración. Es, sin duda, la administración autonómica que más dilapida el dinero y la peor administrada. Pero no pasa nada, porque Pedro Sánchez siempre está dispuesto a bajarse los pantalones para premiar al derrochador y castigar al cumplidor para mantenerse en la poltrona unas semanas más.
Los manirrotos golpistas catalanes, aprovechando que el presidente del Gobierno no tiene mayoría absoluta para legislar, han logrado que les perdonen 17.104 millones de deudas que Cataluña tenía con el Gobierno de España (el 22% de su deuda con el FLA). La ministra de Hacienda, para que no se notara mucho el chantaje de ERC, ha tenido a bien perdonarle deudas autonómicas al resto, aunque el traje a medida catalán es más que evidente.
«Al final, el socialismo siempre hace lo mismo: premiar la vagancia y la irresponsabilidad con el dinero de los serios, trabajadores y austeros.»
El reparto de esa “condonación” de deuda autonómica se hace a partir de cálculos económicos tramposos y retorcidos para satisfacer a los separatistas catalanes. La “quita” de 83.252 millones de euros de deuda regional total traspasada ahora al Gobierno de España -la deuda no ese evapora- se reparte en base a una extraña comparación entre la deuda acumulada en los años posteriores a la crisis financiera y la acumulada durante los años de pandemia e incorpora un inédito mecanismo de cierre que premia con una condonación extra de entre el 5% y el 10% a las regiones que subieron el IRPF esos años para hacer frente a su insuficiencia fiscal, penalizando por ende a las que optaron por bajar los impuestos para estimular la actividad. En otras palabras, han retorcido los cálculos para jorobar a Comunidad Valenciana y Murcia, además de a todas las comunidades autónomas que han ido bajando impuestos y han ido cerrando sus cuentas públicas en orden.
La Comunidad de Madrid sale especialmente perjudicada de este planteamiento ya que la política regional histórica ha sido bajar el IRPF en todos los tramos del impuesto, frente a Cataluña, que ha optado por lo contrario. Además, la región que preside la Sra. Ayuso podrá acogerse a una quita de poco más de 8.000 millones, la mitad que Cataluña, a pesar de tener unas características económicas, sistema de financiación autonómico idéntico y poblacionales similares. El timo y la desigualdad es fragrante.
Al Gobierno le da igual si envía un mensaje directo de premio y apoyo a los gestores públicos irresponsables que saben que, por muy mal que hagan las cosas, siempre serán rescatados. Crear incentivos para que las regiones vuelvan a acumular desequilibrios es dantesco. Que los ciudadanos de las regiones mejor gestionadas paguen los desmanes de otras comunidades autónomas es despreciable, injusto y un mal precedente. Parece del todo razonable que las regiones más perjudicadas de este trilerismo político denuncien el anuncio del PSOE y sus socios separatistas por descuartizar el principio de igualdad ante la ley.
Al final, el socialismo siempre hace lo mismo: premiar la vagancia y la irresponsabilidad con el dinero de los serios, trabajadores y austeros.
