Aliança Catalana, el partido de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, se ha convertido en la fuerza más disruptiva del Parlament. Con sus escasos dos diputados es ya la mayor amenaza al dominio que durante más de cuatro décadas ha ejercido el nacionalismo sobre las instituciones autonómicas, porque la irrupción de la extrema derecha independentista hace inviable el bloque secesionista en la misma medida en que siempre fue imposible unificar un bloque constitucionalista, más allá de la encomiable labor de los diputados de PSC, Cs y PP en los “plenos de la desconexión” de septiembre de 2017.
Por eso la fallida moción de censura a la alcaldía de Ripoll, una capital de comarca de tamaño más que modesto, se ha convertido en las últimas semanas en el eje de la política catalana. Por eso también, es tan trascendente la negativa de Junts a sumarse, finalmente, a esa moción tejida junto a PSC y ERC, con el inestimable -aunque siempre inestable- apoyo de la CUP.
Los republicanos apuntan a una inhibición interesada, porque Junts ya estaría haciendo cálculos sobre las próximas elecciones municipales
Una decisión contestada tanto por sus socios habituales como por los socialistas, desde la mismísima Presidencia de la Generalitat. El secretario general de Junts, Jordi Turull promete en respuesta que combatirán el discurso “peligrosísimo” de Aliança Catalana. Un argumento que no compra Esquerra. Los republicanos apuntan a una inhibición interesada, porque Junts ya estaría haciendo cálculos sobre las próximas elecciones municipales, en las que todos los sondeos dan un notable crecimiento a AC en la Cataluña interior, que obligará a los exconvergentes a pactar con Orriols para retener alcaldías.
Pero más allá de los intereses y necesidades de Junts, sería conveniente empezar a revisar esa estrategia de cordón sanitario contra la extrema derecha tan del gusto de la izquierda y demás sectores bien pensantes. En España y en el conjunto de Europa.
Esta decisión de Junts sigue de hecho la estela de un debate que recorre toda Europa. Esto es, la utilidad de unos cordones sanitarios que sólo han servido para que la extrema derecha sea primera o segunda fuerza en Francia, Alemania, Holanda o Austria, entre las democracias más consolidades de la Unión, por no hablar de la Hungría de Víktor Orban o la precaria mayoría construida por Donald Tusk en Polonia.
Habría que definir primero de qué hablamos cuando hablamos de cordón sanitario a un partido
En Cataluña, el PSC de Salvador Illa intenta aplicar de hecho la fórmula del PSOE con el PP y Vox, dando protagonismo al partido de Santiago Abascal al tiempo que lo señala como el mejor argumento electoral. De momento, a Pedro Sánchez le ha servido para retener la Moncloa. Y en Cataluña Illa sabe que en alimentar el protagonismo de Aliança es la mejor vía para romper el dominio nacionalista.
Por eso habría que definir primero de qué hablamos cuando hablamos de cordón sanitario a un partido. ¿Se trata de sumirlos en el ostracismo total, como reclaman ERC y la CUP a Junts, o vale con no llegar a acuerdos de gobierno, como defienden los de Puigdemont? Porque Illa sí incluyó a Vox y Aliança en la ronda de contactos institucionales posterior a su investidura, aunque sus líderes rechazaran la invitación. Y está bien que lo hiciera, porque estos partidos representan respectivamente a los 248.000 y 118.000 catalanes que les votaron en las últimas elecciones al Parlament.
Los defensores del cordón sanitario señalan también como argumento la más que probable reedición de la “gran coalición” en Alemania para establecer ese brandmauer (cortafuegos) a la extrema derecha nazi de Alianza por Alemania. Pero en Alemania, la CDU-CSU aspira a ganar las elecciones con diez puntos por encima de AfD. En Ripoll, Aliança ya ganó los comicios. Una diferencia sustancial.
Parece que los vecinos de Ripoll merecen más respeto que el conjunto de los españoles
El ejemplo español parece contradecir también a los defensores del cordón sanitario. El PP se negó a aplicarlo en Andalucía, aceptando los votos de Vox para acceder por primera vez a la presidencia de la Junta. También lo hicieron en la Comunidad de Madrid, para recuperar el gobierno autonómico. Ahora, tanto Juanma Moreno en Andalucía como Isabel Díaz Ayuso en Madrid gobiernan con mayoría absoluta.
Ejemplos de los que a buen seguro ha tomado nota el partido de Carles Puigdemont. Aunque no deja de ser entrañable -es irónico- que Junts argumente en su defensa que el Ayuntamiento de Ripoll se hubiera convertido en un “gobierno Frankestein condenado al fracaso”. Parece que los vecinos de Ripoll merecen más respeto que el conjunto de los españoles, a los que Junts no solo ha condenado a un Gobierno Frankestein en la Moncloa, sino que además se esfuerza por reventar alguna de sus costuras en cada pleno en las Cortes.
