En España hay casi 4 millones de parados si tenemos en cuenta los 750.000 fijos discontinuos inactivos que sólo tienen garantizadas unas cuantas semanas de trabajo al año. Seguimos siendo el país de la Unión Europa con la mayor tasa de paro. El desempleo juvenil español casi dobla la media comunitaria. Con estas lamentables cifras encima de la mesa procede preguntarse si el actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Yolanda Díaz sirve para resolver el problema o no.
Ningún parado tiene esperanza alguna en que el antiguo INEM le ayude a encontrar un puesto de trabajo. Las cifras avalan este pensamiento: en España sólo un 1.2% de las colocaciones de parados en empresas se han producido gracias a la intermediación del SEPE y los organismos autonómicos competentes. Por Comunidades Autónomas, se dan grandes diferencias al respecto: Extremadura alcanza un 2,9% de colocaciones sobre el total de demandantes y un 5,5% sobre los parados, mientras Cataluña, a la cola, apenas llega al 0,2% en ambas categorías.
Ningún parado tiene esperanza alguna en que el antiguo INEM le ayude a encontrar un puesto de trabajo
La confianza de un parado en la labor de esta institución está bajo mínimos y, vistas las cifras, con razón. Nadie realmente puede explicar su escasa eficacia, para qué se destinan tantos millones a estas oficinas tan poco resolutivas y cuáles son los motivos por los que no se simplifica la burocracia y se mejora la coordinación entre administraciones públicas que están más preocupadas por echarle la culpa a otros que por asumir la responsabilidad en esta lamentable gestión pública de recursos.
El SEPE, al final, es percibido por la inmensa mayoría de españoles como un macro chiringuito público que gestiona toneladas de papeleo y reparte subsidios. No parece que sea pedir mucho si le exigimos que ayude a conectar trabajadores con empresas, y con ese objetivo fundamental debería abordarse su enésima reforma. Para ello, el organismo estatal y sus múltiples tentáculos descentralizados autonómicos deben hacer un esfuerzo aún mayor en publicar y comunicar a los parados las ofertas laborales existentes. Otro dato al respecto: el servicio público de empleo francés publica 21 veces más ofertas de empleo que el español.
Por supuesto, también debería ofrecer más y mejor formación a trabajadores, en particular si están en desempleo. Existe una alarmante falta de mano de obra en muchos sectores relacionada con la escasa formación, sobre todo con relación a la falta de idiomas, oficios tradicionales, poca destreza en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones –especialmente en profesionales STEM-, así como en energías renovables.
El SEPE es percibido como un macro chiringuito público que gestiona toneladas de papeleo y reparte subsidios
Tampoco sería descabellado abrir una reflexión pública sobre si es éticamente correcto recibir ayudas públicas a cambio de nada, ni siquiera a cambio de formación para elevar tu propia empleabilidad. Eso de recibir un pescado sin ni siquiera tener la voluntad de aprender a pescar debería ser reevaluado, así como el hecho, cada vez más habitual, de que muchas personas tienen más alicientes a vivir de subsidios que a trabajar a cambio de míseros salarios.
En definitiva, además de optimizar el funcionamiento de entes públicos que se dedican aparentemente a corregir los desequilibrios del mercado laboral, habría que recapacitar colectivamente sobre si es bueno que España se convierta en un territorio en el que no existan alicientes reales a formarse, trabajar o impulsar un proyecto empresarial. ¿Queremos ser un país de emprendedores o de receptores de paguitas?
