La Mesa del Congreso de los Diputados se ha reunido hoy para decidir si daba o no trámite a la proposición no de ley de Junts per Catalunya instando al Presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Junts, que presentó esta propuesta el pasado mes de diciembre, argumentó esta decisión aludiendo que el Ejecutivo socialista no está cumpliendo con los pactos de investidura que llevaron a los independentistas catalanes a votar a su favor. Tras la expectación generada, PSOE y Sumar han decidido volver a retrasar su dictamen sobre la cuestión y así ganar tiempo para buscar alternativas menos “invasivas”.
La disputa con Junts
El partido de Carles Puigdemont presentó la proposición para exigir al Presidente del Gobierno que se sometiera a una cuestión de confianza tras constatar lo que a su parecer constituye un “incumplimiento por parte de Sánchez” de las promesas que este hizo a Junts a cambio de su apoyo para ser investido.
Las principales exigencias son: el traspaso completo de las competencias en inmigración a la Generalitat, la promoción del catalán como lengua oficial en la Unión Europea -auspiciado por las instituciones de gobierno españolas- y la materialización de una reunión oficial entre Sánchez y Puigdemont, validando la condición de este segundo como interlocutor político.
🗣️@Pilar_Alegria sobre la cuestión de confianza: «no hay intención ni necesidad»
— Servimedia (@Servimedia) December 10, 2024
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Por su parte, y pese al convencimiento de Junts de la dejadez del Gobierno en estos temas, el Ejecutivo socialista asegura que “el Gobierno cumple con todos los pactos realizados con las fuerzas parlamentarias que permitieron la mayoría en el Congreso”, ante lo cual califica de “no procedente” las demandas de Junts. Pese a ello, los independentistas aseguran “sentirse engañados” y se reafirman en sus demandas, amenazando en caso de no ceder el gobierno con torpedear la acción legislativa de la ya de por sí inestable mayoría parlamentaria. La decisión de retrasar la votación no ha sido vista con malos ojos por los exconvergentes, que estan satisfechos mientras no se tumbe su propuesta.
Negociaciones entre el PSOE i Junts
En los últimos días, el Ejecutivo ha intensificado sus contactos con Junts para tratar de evitar la ruptura definitiva. Cabe recordar que, sin ir más lejos, los socialistas requieren imprescindiblemente de su apoyo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. Una negativa de los independentistas en este contexto supondría el bloqueo de facto de la acción legislativa del Gobierno.
Fuentes cercanas a ambos partidos indican que los contactos más recientes se habrían producido en un esfuerzo de los socialistas por ofrecer otras prerrogativas a Junts sin pasar por la cesión a sus demandas por lo que a la cuestión de confianza se refiere -que no debemos olvidar, no deja de ser una potestad exclusiva del Presidente del Gobierno-, ya que ello sentaría, según el Ejecutivo, “un precedente peligroso”. Sin embargo, todo parece indicar que los de Puigdemont se mantienen firmes en sus demandas, advirtiendo de “graves consecuencias” si estas son desestimadas. La postergación de la decisión parece haber calmado los ánimos.
El equilibrio de Junts
Por su parte, los independentistas no lo tienen fácil a la hora de decidir su vía de acción. Por un lado, romper con Sánchez refuerza su relato de cara a un electorado catalán cada vez más radicalizado, que procesa una profunda animadversión hacia la figura del Presidente y no ve con buenos ojos el pacto entre Junts y el socialismo. Esto podría frenar a su vez el trasvase de votos de los exconvergentes a Aliança Catalana, que parece nutrirse cada vez más de los desencantados con Puigdemont, y debilitar la posición de Illa como presidente de la Generalitat.
Asimismo, si el bloqueo legislativo propiciado por Junts acabara en una convocatoria electoral, todo parece indicar que Vox y los Populares podrían llegar a conseguir una mayoría de gobierno. Esto tiene una doble externalidad. Por un lado, el independentismo siempre se ha crecido con interlocutores adversos, por lo que un gobierno mucho menos dialogante y de corte más centralista podría ser bueno para sus resultados electorales. Por el otro, esto supondría una pérdida de influencia notable en la toma de decisiones del Gobierno Central, poniendo en riesgo cualquier avance en materia de autonomía auspiciado por el orden institucional.
Reacciones más allá del conflicto
Por su parte, la oposición de Feijóo no se ha querido hacer esperar, aprovechando el descontento de Junts para poner la moción de censura sobre la mesa. Pese a que ello no supondría un pacto en el sentido estricto del término, la apertura por parte de los populares a esta posibilidad -que no incluyó ningún tipo de cesión- fue recibida con críticas por parte de sus detractores, señalando que fueron ellos mismos quiénes calificaron a Junts como un actor “ilegítimo” con el que no se debía negociar. El Partido Popular ha recordado en este sentido que “una cosa es negociar y otra muy distinta votar lo mismo por un interés compartido sin ningún intercambio de por medio”. Con todo, Junts ya ha descartado esa posibilidad, catalogándola de “broma macabra”.
Vosotros sois muy jóvenes, pero hace dos meses pactar con Junts era romper España. https://t.co/TBVf4hlpf0
— Cristoforo Andrade (@erkakas) January 14, 2025
Por otro lado, Sumar ha insistido en que es fundamental que el PSOE haga esfuerzos adicionales para retener el apoyo de Junts y garantizar la estabilidad legislativa. Según declaraciones de Jaume Asens, portavoz del grupo, “es posible evitar una ruptura si hay voluntad política real de llegar a acuerdos”.
Un futuro incierto
La decisión que adopte en el futuro la Mesa del Congreso marcará un punto de inflexión en la relación entre Junts per Catalunya y el Gobierno de Pedro Sánchez, con consecuencias directas sobre la estabilidad parlamentaria. Si la Mesa rechaza la tramitación de la cuestión de confianza, es probable que Junts interprete esta decisión como una falta de compromiso político por parte del PSOE, endureciendo su posición en las negociaciones presupuestarias y legislativas y abriendo la puerta a una escalada de tensiones entre las fuerzas independentistas y el Ejecutivo, generando mayor incertidumbre sobre la viabilidad del diálogo y del mismo Gobierno en el marco del conflicto catalán.
En cambio, si la Mesa admite a trámite la propuesta, el Gobierno enfrentará un desafío político significativo: demostrar en el pleno del Congreso que cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para seguir gobernando. Este escenario no solo pondría a prueba la capacidad del Ejecutivo de mantener cohesionada su base de apoyos, sino que también ofrecería una oportunidad a la oposición para intensificar sus críticas y cuestionar la legitimidad del Gobierno.
