El presidente Sánchez ha tenido la deferencia durante el mandato inaugurado el 16 de noviembre de 2023 de convocar a los presidentes de las Comunidades Autónomas a la Moncloa e incluso ha dado el paso de reunirse con todos ellos el 13 de diciembre para hacerse una foto de familia con Felipe VI en el Palacio de la Magdalena. Que nadie se haga ilusiones de que estos encuentros han servido para normalizar las relaciones institucionales entre las Comunidades, encargadas de gestionar buena parte de los servicios público más importantes que reciben los ciudadanos como sanidad, educación, servicios sociales, limpieza, etc., y el gobierno de España, cuya Administración Central desempeña un papel cada vez más residual, aunque sigue disponiendo de la mayoría de los recursos impositivos que distribuye con cierta discrecionalidad entre todas las Comunidades, incluidas El País Vasco y Navarra que gozan de sistemas de financiación singular.
A las citas en la Moncloa sólo rehusó asistir la presidenta Ayuso aduciendo motivos de agenda, si bien la razón de fondo era mostrar su rechazo a la cacería orquestada por el gobierno de Sánchez contra la presidenta madrileña para erosionar su imagen pública, visto que la presidenta madrileña se ha mostrado imbatible en las urnas hasta ahora. No le faltaban razones. Sánchez Acera, jefa de gabinete del Óscar López, quien en ese momento era a su vez jefe del gabinete del presidente Sánchez, envió a Lobato, secretario general de la federación socialista madrileña, la carta con la propuesta de la fiscalía a un contribuyente para saldar una deuda tributaria la mañana del 14 de marzo, antes de que el documento se publicara en los medios de comunicación. El contribuyente en cuestión era Rodríguez Amador, pareja sentimental de Ayuso, y el objetivo de la operación del gabinete de Sánchez exhibir la carta en la Asamblea de Madrid para acusar a Ayuso de corrupción. Ahora, el Tribunal Supremo investiga cómo Sánchez Acera tuvo acceso a datos privados de un contribuyente y el papel desempeñado por García Ortiz, fiscal general del Estado, en la trama y también imputado. Hace pocas horas se ha sabido que todos los mensajes de García Ortiz en esas fechas han desaparecido por arte de magia.
Distribución de competencias y coordinación de las Administraciones
Lo cierto es que ni las citas en la Moncloa ni la del Palacio de la Magdalena han servido para avanzar en la resolución los dos asuntos más acuciantes que gravitan sobre el Estado de las Autonomías. Resultaría muy beneficioso, en primer lugar, clarificar las competencias entre las distintas Administraciones para evitar duplicidades y coordinar sus actuaciones tanto en situaciones habituales (por ejemplo, atención sanitaria plena a los ciudadanos cuando se hallan fuera de su Comunidad) como en situaciones de emergencia. Y es que como se pudo comprobar al irrumpir la pandemia a principios de 2020, la actuación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) hasta el 14 de marzo de 2020 resultó calamitosa y cuando por fin se decretó el estado de alarma era ya demasiado tarde para frenar la espiral de contagios y fallecimientos. De ahí que los intentos de traspasar la responsabilidad de la tragedia a las Comunidades Autónomas, responsables de la gestión sanitario-hospitalaria y las residencias de mayores, sólo puede calificarse como una macabra maniobra para eludir las responsabilidades incurridas por el presidente Sánchez, Illa, su ministro de Sanidad y Simón, su director del CCAES.
La falta de claridad en la distribución de las competencias y responsabilidades de cada Administración ha vuelto a ponerse de manifiesto en la pésima gestión del desastre ocasionado por la Dana que asoló dos docenas de municipios en la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024 y ha dejado tras de sí 222 víctimas y destruido infraestructuras, inmuebles y bienes muebles, un desastre de enormes proporciones que podría haberse mitigado si las tres Administraciones, nacional, autonómica y municipal, hubieran afrontado coordinadamente la emergencia. Contamos también para afrontar estas situaciones con un Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, pero al igual que ocurrió con el CCAES en la pandemia, el organismo no ha servido para alertar puntualmente de la emergencia a los ciudadanos ni para coordinar la gestión de las ayudas.
Las consecuencias de las epidemias y los desastres naturales no pueden evitarse en su totalidad, pero sí paliarse cuando se cuenta con protocolos adecuados para poner sobre aviso a las poblaciones en riesgo y se afrontan de manera coordinada por todas las Administraciones, anteponiendo la voluntad de sumar esfuerzos a la tentación miserable de trasladar la responsabilidad de unas a otras. Las Comunidades gestionan la sanidad y los servicios sociales, pero no disponen de la holgura presupuestaria de la Administración Central para afrontar una emergencia de la magnitud de la pandemia. Las previsiones meteorológicas, la gestión de las cuencas hidrográficas y la coordinación de emergencias corresponden a la Administración Central, pero parte de su misión en un estado descentralizado es asegurarse de que sus pronósticos y advertencias llegan puntualmente a los responsables de las Comunidades Autónomas y los municipios para que puedan adoptar las medidas apropiadas.
La conclusión a que uno llega observando el comportamiento del CCAES en las semanas previas al momento en que se decretó el estado de alarma y el CENEM en las horas previas a que se consumara la catastrófica última riada en Valencia es que ambos organismos incumplieron sus funciones de recabar información fidedigna, hacer llegar las alertas correspondientes a todas las Administraciones y establecer protocolos de actuación para asegurar su coordinación eficaz. Más bien parece a la vista de lo ocurrido que estaban más interesadas en minimizar el problema y eludir sus responsabilidades tras consumarse las catástrofes, apelando a la distribución de competencias entre las distintas Administraciones.
Financiación de las Comunidades Autónomas
El segundo gran asunto pendiente de resolver en el Estado de las Autonomías es la reforma del sistema de financiación autonómica de las Comunidades de régimen común vencido desde 2014. Tampoco las reuniones del presidente del gobierno con los presidentes autonómicos han servido para poner la primera piedra del nuevo edificio.
Gráfico 1. Porcentaje en que la financiación excede la media
Los cálculos publicados por De la Fuente recientemente muestran que la financiación aumentada a competencias homogéneas por persona ajustada (financiación efectiva + transferencias extraordinarias) difiere apreciablemente de unas Comunidades a otras. Las columnas en rojo en el Gráfico 1 muestran los porcentajes en que algunas Comunidades superan la media nacional en 2022 (último año disponible) y las columnas en amarillo las que están por debajo de la media. La Rioja, Cantabria, Baleares, Canarias, Extremadura y Castilla y León destacan por contar con una financiación claramente superior a la media; Murcia, Valencia, Andalucía, y Castilla La Mancha una financiación inferior a la media; Asturias y Galicia se encuentran ligeramente por encima de la media; y. Cataluña y Madrid presentan cifras muy similares a la media.
Estas diferencias injustificadas en la financiación deberían ser corregidas para avanzar hacia un sistema donde la financiación por habitante sea aproximadamente la misma con independencia de la Comunidad donde los ciudadanos residan. Sin embargo, los compromisos de investidura adquiridos por Sánchez e Illa apuntan en sentido contrario. Sánchez se comprometió con sus avalistas a condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña e Illa con los suyos a que Cataluña recaude y gestione todos los impuestos devengados en Cataluña y aporte una parte de lo recaudado al sostenimiento del Estado. Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, ha tratado de restar importancia tanto a la condonación de la deuda de la Generalidad como a la pérdida de recursos que supondría conceder una financiación ‘singular’ a Cataluña.
Propuestas impertinentes e injustas
Diga lo que diga la ministra de Hacienda, se trata de dos iniciativas arbitrarias que debilitan al Estado y quiebran la igualdad entre los ciudadanos. La cesión de la recaudación y la gestión de todos los impuestos a la Generalidad situaría al gobierno de Cataluña en una situación muy ventajosa a la hora de acordar con el gobierno de España la cuantía de su aportación al sostenimiento del Estado y perjudicaría, sin ningún género de dudas, la financiación que recibirían los ciudadanos en el resto de las Comunidades de régimen común. Por ello, cualquier persona con orientaciones socialdemócratas, conocedor de que es al Estado sobre el que recae la responsabilidad de afrontar recesiones, crisis financieras, pandemias y catástrofes naturales, se resistiría a debilitar al Estado para favorecer a una sola Comunidad.
En cuanto a la condonación de la deuda contraída por la Generalidad de Cataluña, hay que tener en cuenta que ésta recaería sobre los ciudadanos del resto de las Comunidades que no recibieron beneficio alguno de los servicios financiados con cargo a la deuda contraída con el Estado. Resulta, por ello, indefendible sostener que la condonación parcial de la deuda a todas las Comunidades es una medida “pertinente y de justicia” como ha mantenido algún indocumentado que acusa a quienes critican la iniciativa del gobierno de Sánchez de no entender cómo funciona el sistema de financiación autonómica. La medida no resulta pertinente porque como hemos visto Cataluña recibe una financiación efectiva y ajustada por persona similar a la media nacional y no necesita endeudarse más que otras Comunidades como Madrid que reciben también una financiación igual a la media.
Y no es justa porque, como muestra el Gráfico 2, la deuda per cápita en que ha incurrido la Generalidad de Cataluña es la segunda más elevada entre las Comunidades de régimen común, y serían por tanto los catalanes los ciudadanos más beneficiados si el gobierno central condona un porcentaje de la deuda a todas las Comunidades. Podría argumentarse, eso sí, que fueran las Comunidades que han recibido una financiación inferior a la media, Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla La Mancha, aquellas que deberían beneficiarse de una condonación de la deuda para compensar la infrafinanciación padecida. No, desde luego, Cataluña.
Gráfico 2. Deuda per cápita de las Comunidades Autónomas en el tercer trimestre de 2024
La única justificación real para adoptar semejantes medidas fiscales es que Sánchez e Illa están obligados a cumplir sus compromisos de investidura si quieren mantener sus apoyos parlamentarios y seguir en la Moncloa y en el Palau de la Generalidad, respectivamente, unos meses más, iniciativas que de llevarse a cabo tendrán consecuencias permanentes sobre del Estado y beneficiarán a una minoría de ciudadanos, los residentes en Cataluña, a costa de los residentes en el resto de Comunidades de régimen común. A nadie puede extrañar que las Comunidades afectadas negativamente, todas excepto Cataluña, se hayan rebelado contra dos medidas del gobierno de Sánchez injustas y perjudiciales para sus ciudadanos.
