Acosado por los escándalos de corrupción e incapaz de lograr un Ejecutivo estable, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez parece considerar que la solución a sus problemas está en evitar que los ciudadanos puedan debatir sobre los mismos. La irrupción de las redes sociales hace años facilitó que los usuarios anónimos pudieran dar a conocer sus opiniones de todo tipo en estos espacios. Y algunos de ellos han triunfado acumulando miles de seguidores. Esto ha marcado las agendas, tanto mediática como política. Y ha facilitado que formaciones como VOX o el mismo separatismo catalán fueran cogiendo forma y fuerza.
El primer afán censor del Gobierno se pudo observar durante la pandemia. En abril de 2020, con los españoles encerrados en casa a cal y canto, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el coronel José Manuel Santiago, aseguró que la Benemérita estaba trabajando para minimizar «el clima contrario» al Gobierno. Santiago explicó en aquel momento que se intentaba «evitar el estrés social» que producían los supuestos bulos sobre el COVID-19, además de poner coto a quienes cuestionaban la gestión que estaba haciendo el Ejecutivo de Sánchez sobre la crisis sanitaria. Palabras que provocaron un gran escándalo. En noviembre del mismo año se anunció la creación de la Comisión Permanente contra la Desinformación. Y ya en 2024, el Gobierno también ha aprobado en septiembre el llamado Plan de Acción por la Democracia, que contempla también medidas encaminadas a censurar el debate en redes sociales.
Los bulos contra Sánchez y su mujer
Desde entonces, el PSOE y los partidos de la izquierda se han presentado como víctimas de un supuesto fango que solo les afecta a ellos. Así, aseguran que las causas judiciales abiertas contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, forman parte de una campaña de difamación interesada. Y no dudan en, incluso, acusar a los jueces en general de esta situación. Y con el objetivo de que frenar la oleada de rechazo a los socialistas, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, acaba de anunciar que «a quienes se dedican a mentir y propagar bulos todos los días se les acabó la fiesta». Y es que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva ley del derecho de rectificación. Una ley con la que los socialistas pretenden que «los ciudadanos de este país» puedan «defenderse de los buleros profesionales». «Hacemos más difícil la vida a los que se dedican a mentir y a esparcir bulos cada día», ha añadido, «y, por tanto, es una buena noticia para la democracia».
A quienes se dedican a mentir y a propagar bulos todos los días, se les acabó la fiesta.
Hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva ley del Derecho de Rectificación👇🏻https://t.co/hkAq9Ponjw pic.twitter.com/8BN4yYIsPs— Félix Bolaños (@felixbolanosg) December 17, 2024
Persecución de los usuarios con más de 100.000 seguidores
La nueva ley, según ha informado el ministerio en un comunicado, ampliará el derecho a la rectificación a los medios digitales (ya estaba contemplado) y «a los usuarios de especial relevancia de plataformas en línea (conocidos coloquialmente como influencers)». Se considerarán usuarios de especial relevancia aquellos que «cuenten con más de 100.000 seguidores en una única plataforma, o 200.000 de forma acumulada en varias, ya que muchas veces sus contenidos tienen un alcance mayor que los medios tradicionales». Y se obligará a estos medios y plataformas a «establecer un mecanismo fácilmente accesible para facilitar el ejercicio del derecho de rectificación».
Con esta ley, quienes deseen rectificar una información u opinión ya no tendrán que dirigirse al director del medio, como sucede con los medios tradicionales. Y se obligará a que la rectificación sea publicada o emitida íntegramente «con una relevancia semejante a la de la publicación original», tal y como sucedía antes de aprobar esta ley. «En cuanto a las personas legitimadas para solicitar la rectificación, el anteproyecto refuerza los derechos de las personas con discapacidad y amplia los sujetos cuyos familiares hayan fallecido y les afecte una información«, concluye el comunicado, «también amplía el plazo para solicitar la rectificación, pasando de los siete a diez días y manteniéndose la gratuidad absoluta de la difusión de la rectificación».
