El apagón de ayer no es una simple incidencia que pueda solventarse sin la máxima transparencia informativa por parte del Gobierno. Ya sabemos que el apagón tuvo su origen en nuestra red eléctrica y que las afectaciones fuera de la Península Ibérica fueron marginales. Es por tanto el Gobierno español el que debe dar la cara.
Ahora toca conocer las causas. Se trate de un problema técnico o o de un ciber-ataque la primera evidencia es la vulnerabilidad del sistema y su fragilidad. La segunda es que vamos a tener una batalla encarnizada por el relato puesto que las consecuencias políticas de cara al futuro, según sea una causa u otra el origen, son significativamente distintas
CAUSAS TÉCNICAS
Las causas técnicas probables del apagón, según la IA, incluyen «una oscilación de frecuencia desencadenada por la desconexión de una línea o generador, amplificada por fallos en los sistemas de protección, baja inercia debido a la alta penetración de renovables, y posibles errores operativos o limitaciones en las interconexiones. La falta de almacenamiento y respaldo también pudo haber impedido la recuperación. Estos factores reflejan los desafíos de gestionar una red en transición energética, donde la infraestructura y los sistemas de control deben modernizarse para soportar la variabilidad de las renovables y la interconexión europea. La investigación oficial de REE y la ENTSO-E (Red Europea de Gestores de Redes de Transporte) será clave para confirmar la secuencia exacta de eventos».
Como ven dinamita política.
CIBERATAQUE
El ciberataque no ha sido descartado aunque su verosimilitud va perdiendo fuerza. De momento no hay ninguna reivindicación de su autoría. Desde luego los rusos, he oído esta teoría en la calle, quedan descartados. De ser un ataque terrorista la lógica sería vincularlo a la política exterior de España y más específicamente al conflicto árabe-israelí.
De momento, la tesis más sólida es la del fallo técnico. Un fallo técnico que puede cuestionar las políticas energéticas, la dependencia de la digitalización, la desaparición del dinero físico. Por ello es exigible al Gobierno Español máxima y rápida transparencia.
