Beatriz Biedma ha procesado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermanísimo de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La investigación, iniciada tras la vilipendiada denuncia de Manos Limpias, señala potenciales irregularidades en la creación y adjudicación de un puesto de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz en 2017, supuestamente diseñado a medida para Sánchez. También se procesa al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, y a otras nueve personas, incluido un exasesor de Moncloa, por su presunta implicación.
La investigación revela que el puesto, creado en octubre de 2016, no habría respondido a necesidades reales de los conservatorios, sino que «fue impuesto desde cargos superiores». Correos analizados por la Guardia Civil sugieren que el proceso, presuntamente, se manipuló para favorecer a David Sánchez, quien, según la jueza, habría conocido su adjudicación antes de la entrevista. Además, la posterior modificación del cargo a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 se habría adaptado a sus preferencias personales, permitiéndole trabajar con mínima presencia física. La relación con el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, refuerza las sospechas de tráfico de influencias, al detectarse comunicaciones previas a su contratación en la Diputación.
Las reacciones han sido intensas. La derecha señala el avance judicial como evidencia de corrupción en el entorno de Sánchez, exigiendo responsabilidades políticas. Por otro lado, voces afines al PSOE denuncian una «persecución mediática orquestada por la ultraderecha». La polarización es evidente, con acusaciones cruzadas sobre la instrumentalización de la justicia, con la postura socialista como la menos solvente.
David Sánchez renunció a su puesto en febrero de 2025, tras declarar que encontró la oferta «por internet» y negar irregularidades. Los procesados tienen diez días para presentar sus defensas antes de que se decida si habrá juicio oral. Este caso, que no halló fraude fiscal ni enriquecimiento ilícito, sigue generando un fuerte impacto político.
