La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de no juzgar por violencia de género a Candy, un hombre condenado por maltratar a su expareja que cambió su sexo registral a mujer, ha generado una profunda indignación entre colectivos feministas. La aplicación de la Ley Trans ha permitido que este individuo eluda ser juzgado por tribunales especializados en violencia machista, a pesar de su historial delictivo y de las denuncias presentadas por su víctima.
De Cándido a Candy
La Ley Trans, al basarse en la autodeterminación de género sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, ha abierto una puerta para que maltratadores utilicen el cambio registral como estrategia legal para evitar condenas más severas. En este caso, Candy, anteriormente conocido como Cándido, aprovechó esta legislación para cambiar su identidad de género y, consecuentemente, ser juzgado por un tribunal ordinario en lugar de uno especializado en violencia de género.
Lagunas legales
La víctima ha expresado su temor y decepción con el sistema judicial, afirmando que se siente «desprotegida» y que las leyes actuales parecen estar «a favor de los delincuentes» en lugar de proteger a las verdaderas víctimas. Su abogado, José Antonio Sires, ha calificado esta situación como un «retroceso en los derechos de las víctimas» y ha criticado que la ley permita que un cambio registral desactive automáticamente la aplicación de la Ley de Violencia de Género.
Este caso pone en evidencia las deficiencias de una legislación que, en su intento de proteger los derechos de las personas trans, ha creado lagunas legales que pueden ser explotadas por individuos con antecedentes de violencia.
