Meta anunció en enero una revisión de sus políticas de moderación. Su aplicación a lo largo de estos meses y sus efectos directos han provocado una fuerte controversia. La compañía eliminó su programa de verificación de datos en Estados Unidos, sustituyéndolo por una herramienta de Community Notes inspirada en X, y relajó restricciones sobre contenidos relacionados con inmigración e identidad de género. Redujo también la vigilancia proactiva de violaciones menores, enfocando sus sistemas automatizados únicamente en delitos graves como terrorismo o explotación infantil.
Meta’s Oversight Board has raised concerns over the company’s decision to rush major content moderation changes without clearly assessing their human rights impact.#Meta https://t.co/ZQKryfNPA7
— BOOM Live (@boomlive_in) April 24, 2025
Oversight Board, organismo que se ha atribuido la monitorización de Meta, califica -tras las primeras impresiones- los cambios de “precipitados”, criticando la falta de transparencia sobre su “impacto en los derechos humanos”, especialmente en países en conflicto. Entre sus 17 recomendaciones, insta a Meta a clarificar qué ideologías de odio siguen prohibidas, fortalecer las políticas contra el acoso y evaluar la eficacia de Community Notes con informes semestrales. Aunque, por ejemplo, respaldan decisiones como permitir debates sobre el acceso de personas transgénero a baños y demás controvertidas cuestiones hasta ahora normalizadas, se exige a su vez la eliminación de publicaciones con insultos inequívocamente racistas.
Zuckerberg sigue defendiendo las medidas, argumentando que las políticas previas generaron demasiada censura y errores. Los cambios coinciden con intentos de mejorar la relación con el presidente electo Donald Trump, quien acusó a Meta por sus políticas de censura en su primer mandato.
Meta ha prometido responder a las recomendaciones en 60 días y mantiene su compromiso de financiar al Oversight Board con $35 millones anuales hasta 2027. La polémica subraya las complicaciones con el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de las plataformas en un entorno político muy polarizado con sectores muy bien acostumbrados a determinar que es y deja de ser susceptible de debate y de censura.
