Parenostre, dirigida por Manuel Huerga y escrita por Toni Soler, ha recibido 1,95 millones de euros en subvenciones públicas, cubriendo el 75% de su presupuesto de 2,7 millones. El Ministerio de Cultura aportó 958.916 euros a través del ICAA, la Generalitat sumó 787.616 euros vía ICEC y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) inyectó 400.000 euros. Este apoyo financiero, proveniente de las arcas estatales y catalanas, ha generado controversia, no solo por su magnitud, sino por el trasfondo político que parece envolver al proyecto.
La película, que aborda el escándalo de las cuentas ocultas de Jordi Pujol en Andorra, llega en un momento de lo más delicado, con el juicio a la familia Pujol previsto para noviembre de 2025. Algunos ven en Parenostre una operación sibilina para desprestigiar el legado de Convergència, justo cuando el socialismo, hoy al frente de la Generalitat, ha capitalizado parte del voto moderado de la extinta CiU que le permite copar hoy el Govern. A su vez, la dependencia de Toni Soler y su productora, Minoría Absoluta, de fondos públicos -140 millones facturados a TV3 en 25 años- alimenta críticas sobre presunto clientelismo y favoritismo a la hora de inyectar fondos públicos. El uso de dinero de los contribuyentes para un proyecto de dudoso retorno cultural plantea preguntas sobre la gestión de recursos estatales, especialmente en un contexto de necesidades sociales acuciantes.
La ausencia de Junts en el preestreno y la falta de claridad sobre si el filme critica o redime a Pujol refuerzan las sospechas de una narrativa sesgada con intencionalidad política más allá de ser un caso de interés general. Mientras el caso Pujol sigue dividiendo, Parenostre parece más un arma política del socialismo nostrado que un ejercicio de memoria histórica, dejando un regusto de oportunismo más bien desmañado y financiado por todos.
