Los autónomos, en una gran mayoría de casos, son personas que creen en ellos mismos, que tienen la valentía de jugarse su dinero y que se atreven a arriesgar su patrimonio porque se saben buenos profesionales. Son la semilla de muchas grandes empresas, futuros empleadores y la base de la prosperidad de un país.
Más de 3 millones de personas en España se ganan así la vida. Ejercen su profesión, ofrecen sus servicios, llevan sus cuentas, se enfrentan a la desconsideración financiera de la banca y muchos hasta “barren su oficina”. Además, hacen todo eso sabiendo que no reciben, como los trabajadores por cuenta ajena, excesivas coberturas sociales por parte de las administraciones. Saben que, si pinchan, nadie saldrá a su rescate. Son trapecistas sin red, soldados a pecho descubierto.
Un país serio que valore su potencial económico debería tenerlos en un altar. España no es ese caso. El Gobierno del PSOE los masacra a impuestos, burocracia y cotizaciones sociales para colmar su espíritu confiscatorio. Los exprimen como a vacas lecheras. Son el cajero automático al que siempre recurren los políticos de izquierdas. Los políticos son una de las grandes amenazas para los autónomos.
En España se penaliza el esfuerzo. Se abusa del que trabaja y madruga. Se sospecha del que se juega su patrimonio para impulsar una empresa.
Se enfrentan a cambios continuos de leyes, una presión fiscal asfixiante, inspecciones fiscales sin cuartel y sin presunción de inocencia, limitación esperpéntica de deducciones, exigencias de pagar cada vez más salarios, la ausencia real de “segunda oportunidad”, el incremento constante de los precios de sus alquileres o materias primas que reducen su competitividad y el incremento continuo de cotizaciones sociales para el mantenimiento “el estado del bienestar” de unos pocos. Este lamentable ecosistema explica que un 45.6% de los autónomos tengan una perspectiva negativa de economía española y el 28,7% muy negativa.
En España se penaliza el esfuerzo. Se abusa del que trabaja y madruga. Se sospecha del que se juega su patrimonio para impulsar una empresa. Se habla mal del que ofrece trabajo. Se mira con sospecha al que ha logrado que las cosas le vayan bien. Los poderes públicos deberían hacérselo mirar. Si quieren un país lleno de funcionarios y sin emprendedores lo están haciendo muy bien. A nadie le debe sorprender que, según la última encuesta de población activa, haya 441.000 autónomos menos que empleados públicos. Tampoco es una sorpresa que, según ATA, más del 40% de los autónomos haya sufrido una reducción de su facturación en 2025 y que los gastos hayan aumentado para el 80% de ellos.
La espina dorsal de la economía española no merece este ensañamiento gubernamental. Al contrario, para consolidar la creación de empleo y el crecimiento económico, el Gobierno debería propiciar un entorno económico amable para los emprendedores y hostil para los vagos de chándal y paguita. Debería ser un objetivo nacional de primer nivel conseguir que los jóvenes volvieran a creer en la posibilidad de labrarse su propio futuro y anhelaran diseñar su futuro desde la independencia y la responsabilidad individual.
