L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, órgano dependiente de la Generalitat, formalizará esta semana una «inversión récord» de 71,26 millones de euros para adquirir 743 viviendas mediante el procedimiento de tanteo y retracto. Esta operación, la mayor de su tipo en número de propiedades adquiridas por la administración pública en Catalunya, tiene como objetivo principal proteger a familias vulnerables que fueron realojadas en estas viviendas a través del programa social Reallotgem. Del total de inmuebles, 487 se encuentran en el área metropolitana de Barcelona, mientras que el resto se distribuyen en Lleida (59), Camp de Tarragona (55), Girona (54), Catalunya Central (43), Penedès (34), Terres de l’Ebre (6) y Alt Pirineu i Aran (5).
A pesar del significativo desembolso económico, esta medida no contribuirá a reducir la tensión en el mercado de vivienda en Catalunya, donde la escasez de oferta asequible y los elevados precios que se derivan en consecuencia siguen siendo un desafío estructural. Las 743 viviendas adquiridas ya están ocupadas por las familias beneficiarias del programa Reallotgem, lo que significa que esta operación se centra en consolidar la protección de los actuales ocupantes, garantizando su derecho a permanecer en los inmuebles, pero no amplía el parque de vivienda pública disponible para nuevos solicitantes ni alivia la tensión en las zonas más críticas. En un contexto de alta demanda y dificultades de acceso a la vivienda, especialmente en áreas urbanas como Barcelona, la falta de nueva oferta limita el impacto de esta iniciativa en la resolución de la crisis habitacional, quedándose en poco más que el titular.
Para destensionar el mercado, serían necesarias medidas complementarias mucho más contundentes, como la construcción de nuevas viviendas sociales, incentivos al alquiler asequible o políticas que fomenten la movilización de pisos vacíos, que representan cerca del 10% del total de la vivienda en Barcelona como respuesta al endurecimiento de la legislación. Aunque la inversión de la Generalitat parece reflejar un compromiso con la vivienda social, su enfoque en propiedades ya ocupadas no aborda directamente la necesidad de incrementar la disponibilidad de hogares para la población que busca acceder a una vivienda. Esta operación prioriza la estabilidad de las familias vulnerables, sí, pero deja pendiente la ampliación del parque público para responder a la creciente presión inmobiliaria en Catalunya.
