La Universidad de Harvard ha presentado una demanda federal contra la Administración de Donald Trump tras la congelación de más de 2.200 millones de dólares en fondos destinados a la investigación científica y médica. La medida gubernamental se produjo después de que la universidad se negara a cumplir con exigencias que incluían reformas en su liderazgo, cambios en las políticas de admisión y auditorías sobre la diversidad ideológica en el campus.
El presidente de Harvard, Alan Garber, calificó estas demandas como «una violación de la Primera Enmienda y del Título VI de la Ley de Derechos Civiles». Garber argumentó que el Gobierno está «intentando imponer controles ideológicos que atentan contra la autonomía académica y la libertad de expresión». En un comunicado oficial, Garbee afirmó: «La Universidad no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales».
La Casa Blanca justificó la congelación de fondos alegando que Harvard no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo en su campus, especialmente en el contexto de las protestas estudiantiles relacionadas con el conflicto en Gaza . En una publicación en su red social Truth Social, Trump expresó: «Quizás Harvard debería perder su estatus de exención fiscal y ser gravada como una entidad política si continúa promoviendo una ‘enfermedad’ política, ideológica y de apoyo/inspiración terrorista. Recuerden, el estatus de exención fiscal depende totalmente de actuar en el INTERÉS PÚBLICO».
Trump ha criticado ferozmente las políticas de acción afirmativa -o discriminación positiva– que Harvard implementa para aumentar la representación de grupos minoritarios en su cuerpo estudiantil. Defiende que estas políticas discriminan a estudiantes que no pertenecen a grupos minoritarios, favoreciendo a otros basándose en su raza o etnia en lugar de su mérito académico. Además, se ha referido en varias ocasiones a la falta de diversidad ideológica en el ámbito académico. Según Trump, las universidades de élite en Estados Unidos, como Harvard, están dominadas por un ambiente progresista que no da cabida a las ideas conservadoras.
La decisión de Harvard ha causado un gran revuelo. El Partido Demócrata ha apoyado su decisión. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la congelación de fondos como un abuso de poder por parte del Ejecutivo, señalando que se trata de un intento de imponer una agenda ideológica en las universidades del país.
Otras universidades como Columbia y Princeton también han visto amenazada su financiación gubernamental debido a los informes del «Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo», creado por la administración Trump. Esto se debe a sus políticas de ‘discriminación positiva’ y por no cumplir con lo que el gobierno considera una diversidad de ideas. En el caso de Columbia, la universidad optó por aceptar las condiciones impuestas por el Gobierno para evitar perder 400 millones de dólares en fondos federales.
La comunidad académica ha expresado su preocupación por el impacto de esta medida en la investigación y la innovación. Organizaciones como la Asociación Americana de Profesores Universitarios y el Consejo Americano de Educación han respaldado la demanda de Harvard señalando que la acción del Gobierno amenaza la libertad académica.
