En su intervención en un acto en “Defensa de una Universidad de calidad, como ascensor social” celebrado recietemente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el doctor Pedro Sánchez-Castejón, en su calidad de presidente avanzó la intención del gobierno para establecer controles más estrictos para limitar la creación de universidades privadas en España. Mas que un posicionamiento serio en defensa de una universidad de calidad para la promoción de la movilidad social, la actitud de Sánchez constituye un ejemplo más del carácter sectario, intervencionista e intrínsecamente franquista con que este doctor por la gracia de la Universidad Camilo José Cela y licenciado por el Real Colegio Universitario María Cristina en el Escorial, ambas instituciones privadas, aborda cualquier asunto público: ¿favorece mis intereses o me perjudica?
Desde aquella comparecencia sin preguntas en los jardines de la Moncloa con la que puso fin a los tres días de retiro voluntario a costa de los sufridos contribuyentes y en la que tuvo a bien comunicarnos a los mortales que no dimitía y se reincorporaba a sus tareas con más fuerza que nunca –“He decidido seguir (Ya lo sabíamos)”, titulé un artículo publicado en el diario Expansión al día siguiente- dispuesto a combatir con el BOE los bulos y las falsas noticias difundidas por la prensa amarillista sobre las actividades privadas de su esposa, el gran estadista ve conspiraciones por todas partes y no sólo pretende apretar las tuercas a los medios de comunicación que proporcionan información contraria a sus intereses políticos sino que aspira también a dictaminar los criterios que han de cumplir las universidades de calidad.
El gobierno Sánchez contra las universidades privadas
La primera pregunta que cualquier académico respetable se plantea al escuchar al presidente es cómo alguien que presentó y defendió una tesis doctoral, sobre cuya sobre su originalidad y autoría existen serias dudas, puede atreverse a establecer los criterios de excelencia que han de regir los centros universitarios privados, públicos y transgénero sin que se le caiga la cara de vergüenza. La clave del asunto radica precisamente en esa circunstancia: porque si no tuvo la decencia académica que se le supone a un doctorando cuando completó su tesis, siendo entonces un simple profesor asociado en una universidad privada, resulta bastante inverosímil que la tenga ahora que se considera a sí mismo el bastión progresista de Occidente contra las hordas de la ‘fachosfera’ y ‘tecnosfera’ nacional e internacional. Más bien diría que para este hombre los estándares de calidad y la decencia académica están a la altura de su concepto de decencia política y respeto a la palabra dada: antiguallas. Y cuando recurre a ellas, ojito, más vale ponerse en guardia.
Pero volvamos al tema central que nos ocupa. En su intervención en la UNED, Sánchez arremetió contra centros universitarios a los que calificaba de chiringuitos con bajos estándares académicos concebidos como un negocio para expedir títulos y obtener pingües beneficios. El presidente se refirió a la información aparecida un día antes -¡lagarto, lagarto!- en un medio de comunicación de prensa escrita, progubernamental sin duda, donde se alertaba sobre “las consecuencias que puede tener la deriva que se está llevando en la privatización, nada más y nada menos, que del sistema universitario”. Afirmó que “lo que está en riesgo es un modelo de educación superior en el que el acceso universal y la garantía de calidad y excelencia están deliberadamente amenazadas… por quienes pretenden privatizar nuestra universidad”.
Montero, la mitinera vicepresidenta y ministra de Hacienda, iba aún más lejos y arremetía pocos días después contra las universidades ‘laucost’ “donde abaratan los costes a base de menor cualificación del profesorado, de exigir menos esfuerzo a los alumnos -¿estaría pensando la ministra en el alumno y profesor Pedro Sánchez?-, en definitiva de no tener los estándares mínimos que permitan asegurar que el médico que se forma, que el profesor que se forma tiene todas las garantías para que podamos la sociedad ponernos en sus manos”. Pero la locuaz vicepresidenta fue más lejos y llegó a afirmar que “la universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza a esas familias que solo a través del esfuerzo, del conocimiento y la capacitación van a subir escaños -¿en quién estaría pensando ahora?-, van a subir escalones en la escala social”.
Ni pies ni cabeza
Más allá de las banales y deshilvanadas peroratas del presidente y su vicepresidenta, hay varias cuestiones de fondo que me gustaría apuntar:
- Primera, los estándares académicos de las universidades públicas y privadas, como del resto del sistema educativo español, se han rebajado considerablemente con el paso de los años, a resultas de la falta de rigor de los sistemas de evaluación de los alumnos en todas y cada una de las etapas del sistema por las que pasan hasta acceder a las universidades, ya sean públicas o privadas. Pero de establecer criterios de calidad y pruebas objetivas y universales para garantizarla el gobierno Sánchez no quiere saber nada de nada.
- Segunda, establecer una cifra mínima de alumnos, 4.500 parece ser la cifra mágica fijada por nuestro docto gobierno, no guarda relación alguna con la calidad de la enseñanza impartida o de la investigación realizada en una universidad, e incluso me atrevería a sostener que el aumento del número de alumnos en las universidades públicas se ha logrado rebajando los estándares académicos para aumentar el número de plazas ofrecidas y justificar así la realización de mayores inversiones, incluso cuando buena parte de las aulas están vacías durante muchas horas, y obtener mayores dotaciones presupuestarias para aumentar las plantillas de profesores, mientras la carga real docente se reduce con infinidad de pretextos.
- Tercera, resulta difícil comprender que la universidad privada, financiada principalmente con los recursos aportados por los alumnos, pueda representar amenaza alguna para la ‘clase obrera’, cualquiera que sea la interpretación que Montero otorga a esta categoría social en su imaginario político, puesto que cada alumno matriculado en la universidad privada libera recursos que pueden destinarse a las universidades públicas en beneficio de la ‘clase trabajadora’. No sólo no constituye una amenaza para quienes se matriculan en las universidades públicas, sino que los beneficia.
- Por último, las declaraciones del presidente y la vicepresidenta del gobierno dicen muy poco a favor de la calidad de los títulos expedidos en las universidades públicas puesto que si las universidades privadas son chiringuitos donde se imparte enseñanza de escasa calidad, resulta difícil comprender que los alumnos y sus familias abonen cantidades superiores a las que pagarían en las universidades públicas donde recibirían una enseñanza de mayor calidad. Quienes consideran que la explicación reside en que las universidades privadas proporcionan a sus alumnos un título sin más, deberían explicar por qué los departamentos de recursos de las empresas contratan graduados con escasa cualificación procedentes de universidades privadas cuando pueden seleccionar graduados bien formados procedentes de las universidades públicas.
La intervención pública en una economía mixta de mercado, como la nuestra, está justificada cuando busca subsanar fallos de mercado clamorosos (falta de competencia, deficiente provisión de bienes públicos, corrección de externalidades, paro involuntario, etc.) o favorecer la igualdad de oportunidades de los grupos de población más desfavorecidos. Pero eso no implica en el caso de la educación superior que el servicio tenga que ser prestado por universidades públicas, ni que estas instituciones cobren las mismas tasas a todos los alumnos con independencia del nivel de renta de las familias y no cubran ni de lejos el coste real de la enseñanza. Lo que realmente debería ocupar a un gobierno preocupado de veras por la calidad de la enseñanza superior es por qué ninguna de nuestras universidades públicas o privadas figura entre las 100 primeras del mundo y tan sólo 10 entre las 500 primeras, a pesar de los cuantiosos recursos dedicados por las Administraciones a financiar las universidades públicas (12.300 millones en 2023) y todo el sistema educativo (67.398 millones en 2023).
