El periodista y presentador vasco Xabier Lapitz ha desatado la polémica tras declarar en televisión que “estamos sobresaturados de policía en el País Vasco”. Afirmó que el aumento de plantilla en la Ertzaintza no se corresponde con una reducción de cuerpos estatales como la Policía Nacional y la Guardia Civil, y preguntó a su tímida audiencia “por qué puñetas no se recorta su plantilla en Navarra y el País Vasco”. Estas declaraciones, por desgracia para Lapitz, no se ajustan a la realidad. A su realidad: la histeria nacionalista.
Primera falsedad
Desde 1982, año en que se creó la Ertzaintza como cuerpo autonómico, el número de agentes estatales desplegados en el País Vasco ha descendido drásticamente. En concreto, se ha reducido en más de 7.000 efectivos, según datos del Ministerio del Interior. En los años 80, la Guardia Civil y la Policía Nacional contaban con cerca de 12.000 agentes en el País Vasco; hoy apenas superan los 4.500. Lejos de una “sobresaturación”, la presencia de fuerzas estatales ha sido objeto de una disminución sostenida en favor del desarrollo policial autonómico.
Segunda falsedad
La segunda gran falacia del discurso de Lapitz es la de que hay un “exceso” de seguridad cuando, en realidad, los índices de criminalidad en el País Vasco han aumentado. Solo en 2023, el Ministerio del Interior registró un incremento del 9,5% en delitos en el País Vasco, con Bilbao como epicentro, donde la criminalidad creció un 12,1%, con subidas preocupantes en delitos sexuales, robos con violencia y agresiones. Lejos de un “Estado policial”, los datos apuntan a una necesidad urgente de refuerzo.
A la luz de estas cifras, queda en evidencia que las declaraciones del presentador vasco responden más a una agenda política que a una preocupación real por la seguridad de los ciudadanos. Lapitz no busca optimizar recursos ni mejorar la convivencia; su objetivo parece ser puramente ideológico: desmantelar cualquier símbolo del Estado en el País Vasco, en favor del esencialismo vascuence. Resulta especialmente preocupante que, ante el aumento de delitos, la prioridad para algunos siga siendo expulsar a quienes garantizan el cumplimiento de la ley.
