El barrio de Cerdanyola de Mataró lleva una semana de sobresalto en sobresalto debido a la detención de un okupa que pretendía acceder a un inmueble ubicado en la calle València. Desde aquella noche se han producido varios conatos de violencia que esta madrugada se han saldado con el incendio de algunos contenedores de basura y la detención de cuatro menores de edad, uno de ellos por debajo de los 14 años.
En lo que va de semana, han sido detenidas seis personas y se han incendiado un total de 30 contenedores. A ello se suman los enfrentamientos contra los Mossos y la Policía Local cada noche desde la detención del okupa, cuyo entorno ha sido el responsable de este levantamiento muy similar al registrado semanas atrás en Salt (Girona). Los cuatro detenidos esta madrugada han sido acusados de daños y desórdenes públicos. Uno de ellos, además, deberá responder por el delito de atentado contra agentes de la autoridad.
En defensa de los incívicos
A pesar de la gravedad de los hechos, entidades como el Sindicat d’Habitatge de Mataró se han pronunciado en defensa de los manifestantes. Este sindicado ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que «a medida que aumenta la presencia policial aumenta también el malestar en el barrio y sus expresiones». Según este sindicato, Mossos y Policía Local han convertido Cerdanyola en un «estado de semiexcepción» que está perjudicando «especialmente a la juventud migrante». «Los problemas del barrio son profundos y estructurales», han añadido, «relacionados con la falta de acceso a una vivienda digna, al racismo institucional y al abandono por parte de las administraciones».
Entre otras cuestiones, esta entidad ha denunciado «el uso oportunista y racista del conflicto» y ha acusado a la «extrema derecha» de «extender su discurso de odio criminalizando a okupas e inmigrantes». También ha acusado a todos los partidos políticos de «silencio o complicidad» al ignorar que las protestas son «una expresión espontánea del malestar que acumula todo el vecindario de clase trabajadora, fruto de una situación de injusticia cronificada». Y ha reclamado al resto de asociaciones y entidades del barrio no «criminalizar ni cuestionar a los jóvenes».
