El TSJC ha tumbado varios apartados de las instrucciones de la Conselleria de Educación para el curso escolar 2022-2023, tras la presentación de un recurso por parte de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Estas instrucciones se basaban en el decreto ley 6/2022 y en la ley 8/2022, que la AEB considera que son inconstitucionales y «perjudiciales para la enseñanza de los alumnos catalanes».
Según ha informado la entidad en un comunicado, el TSJC ha anulado parte de estas instrucciones como la relativa al «tratamiento y uso de lenguas en el sistema educativo» porque contraviene los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución. Este apartado señala que «el catalán en toda Cataluña, a excepción de Arán, y el occitano (denominado aranés) en Arán, como lenguas propias, sean las lenguas utilizadas normalmente como lenguas vehiculares y de aprendizaje del sistema educativo, y que la lengua de signos catalana sea la lengua de referencia cuando corresponda». Afirmación que, según el TSJC, deja fuera el castellano y «no permite garantizar su presencia adecuada» y «tampoco asegura que haya instrumentos de control y evaluación para velar que el alumnado alcance sus competencias lingüísticas, ni indicaciones a los centros educativos para que compensarán las carencias que pudieran existir».
Lengua de la institución
El TSJC también anula el punto relativo a la rotulación en los centros. La instrucción señala, en este caso, que el catalán es «la lengua de la institución y, por tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general». Para el TSJC «al indicar las instrucciones que la lengua catalana es la lengua de la institución y que con ello se da continuidad al aprendizaje del catalán, se vuelve de nuevo a no garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del castellano».
El tribunal, finalmente, también anula el punto referente a las «líneas estratégicas» del sistema educativo. En este caso, la instrucción señala que «los factores culturales y cívicos están impulsados por la voluntad de conformar una ciudadanía catalana identificada con una cultura común en la que la lengua catalana se convierta en un factor básico de integración social». Y también que se ha de «consolidar el modelo lingüístico del país, potenciando la lengua catalana como vehicular dentro de un proyecto plurilingüe e intercultural».
Sentencia relevante
La AEB ha señalado en su comunicado que esta sentencia es «especialmente relevante» porque «ratifica, una vez más, los criterios que han venido sosteniendo los tribunales favorables a la consideración de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares de enseñanza y de la institución y ratifica la inconstitucionalidad de la exclusión del castellano en los centros educativos». «La trascendencia de esta sentencia radica en que no se limita a un centro educativo o a una familia sino que prohíbe que, en las próximas instrucciones generales que se impartan por los centros educativos, se puedan incluir apartados dirigidos a la comunidad educativa que pretendan hacer del catalán la única lengua de enseñanza», ha indicado la AEB, «es decir, las instrucciones que se dicten son de obligado cumplimiento en todos los centros educativos y deberán ejecutar la doctrina de los tribunales. No se puede pretender eludir su contenido».
Con esta nueva sentencia a su favor, la AEB, finalmente, ha anunciado que solicitará a la Conselleria de Educación que «asuma la realidad sociolingüística de Cataluña y que aplique en las instrucciones para el próximo curso 2025-2026 la doctrina de los tribunales a favor de la conjunción lingüística y en contra del monolingüismo educativo». Además, le recordará que «su obligación es respetar las resoluciones de los tribunales y cumplir también las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo para que el castellano sea de verdad una lengua docente en Cataluña».
