Decenas de alcaldes no cuelgan la rojigualda. Impulso Ciudadano, organización de la sociedad civil dedicada a «la defensa de los valores constitucionales» ha puesto hoy el foco con un candente informe sobre el incumplimiento de la ley de banderas en Cataluña. Según el estudio, solo el 17% de los ayuntamientos catalanes exhibe las banderas oficiales como manda la normativa. Más allá de los sospechoso habituales, el informe destaca que 48 de los 114 municipios gobernados por el PSC -filial socialista catalana- no cuelgan la bandera española en sus fachadas, lo que supone un 42% de incumplimiento dentro de un partido de presunta adscripción constitucional.
¿ Se avergüenzan de la bandera española @socialistes_cat y @PPCatalunya?
— Ana Losada (@analofe) April 14, 2025
De 114 ayuntamientos del PSC, en 48 no cuelgan la bandera española y el PP de 5 que gobierna en 1 no está presente
¿ Quién defiende los símbolos constitucionales? ¿ Negocian gobiernos municipales con ellos? https://t.co/O3UnSHv7oU
De los 114 ayuntamientos controlados por los socialistas, 66 sí cumplen con la ley, pero los 48 restantes se suman a una tendencia más amplia de desobediencia institucional en Cataluña. Impulso Ciudadano critica en su texto la «pasividad de las instituciones para garantizar el respeto a los símbolos oficiales». Aunque el PSC muestra un mejor registro que otros partidos, su incumplimiento incita al debate, ya que genera sorpresa al presuponerse de sus siglas una mayor lealtad a los símbolos del Estado.
Dejando esto de lado, la situación se agrava -como por otro lado es más previsible- en los ayuntamientos gobernados por partidos independentistas, que representan la mayoría de los casos. Junts, con 302 de 332 municipios incumpliendo, y ERC, con 293 de 311, lideran las cifras, mostrando tasas de desobediencia del 91% y 94%, respectivamente. La CUP se corona con un 100% incumpliendo en sus 17 municipios. El informe también señala que 105 ayuntamientos exhiben la estelada, un símbolo independentista, lo que agrava la percepción de desafío al marco legal.
De acuerdo con sus declaraciones, Impulso Ciudadano ha enviado el informe a la Presidencia del Gobierno, la Generalitat y la figura del Defensor del Pueblo, exigiendo medidas para frenar lo que consideran una «normalización de la desobediencia institucional». El debate, que ha generado revuelo en redes sociales, no es nuevo, y refleja las tensiones entre el independentismo y el Estado, un conflicto que sigue sin resolverse pese a lo que pregoniza el ejecutivo socialista desde el Gobierno Central.
