A quienes nos preocupa el futuro de España como Estado de Derecho sustentado en la Constitución de 1978, no como problema identitario u ontológico, la situación actual se nos antoja grave, no tanto por la existencia de partidos nuevos (Sumar, Podemos, EH Bildu y Junts) y viejos (PNV y ERC), nostálgicos de la república en unos casos y comprometidos con alcanzar la independencia de los territorios donde están asentados, sino por la deriva del PSOE desde que Sánchez llegó a la Moncloa sin haber ganado las elecciones el 1 de junio de 2018, y sus gobiernos quedaron a merced de sus variopintos socios y avalistas.
El panorama no cambió ni con las dos elecciones generales celebradas en mazos y noviembre de 2019 que el PSOE de Sánchez ganó por los pelos ni con las elecciones del 23 de julio de 2023 (23-J) -convocadas de urgencia tras haber perdido la mayoría de autonomías y municipios en las elecciones celebradas el 27 de mayo-, en las que la coalición electoral PSOE-PSC quedó por detrás del PP. Durante todos estos años, el gobierno de España ha estado sujeto a las exigencias de varios partidos minoritarios que han hecho su agosto, logrando extraer con cinco, seis o siete diputados concesiones como los indultos y la amnistía a los golpistas de ERC y Junts que el propio Sánchez, sus vicepresidentas y ministros habían reconocido que constituían atentados gravísimos al orden constitucional, porque laminaban la división de poderes, y se habían comprometido a rechazar.
Entregado a sus avalistas
Las precarias minorías con que ha gobernado Sánchez desde aquél fatídico 1 de junio de 2018 han condenado al PSOE a formar gobiernos de coalición con Podemos, primero, y con Sumar, después que como el propio Sánchez había dicho quitan a cualquiera el sueño; a hacer concesiones inconstitucionales a ERC y Junts, prestándose incluso a negociarlas en el extranjero con un prófugo de la justicia; y, en fin, a negociar algunas normas y gobiernos municipales con la coalición EH Bildu, liderada por un terrorista y en cuyas listas electorales han encontrado cobijo antiguos miembros de la organización terrorista condenados por delitos de sangre. Blanquear el golpe de Estado perpetrado por los actuales líderes de Junts y ERC y blanquear los crímenes de ETA son dos pasos que ningún ciudadano decente, de izquierdas o derechas, puede perdonar a Sánchez.
La suma de despropósitos que han ido acumulándose parece no tener fin. Cada pocos días nos sacude la noticia de algún nuevo pacto alcanzado por el gobierno de Sánchez con sus avalistas, como la vergonzosa condonación de 17.100 millones de deuda a Cataluña para cumplir el compromiso de investidura alcanzado por Sánchez con ERC, o el acuerdo alcanzado con Junts para ceder al gobierno de la Generalidad las competencias de inmigración y fronteras, o el acuerdo asimismo alcanzado con Junts para reducir a 28 el número de menores no acompañados de los que tendría que hacerse cargo Cataluña. El último hito alcanzado para contar con el respaldo de Junts es que las empresas catalanas reciban 25 % de los 14.000 millones que el gobierno de Sánchez planea destinar a mitigar la crisis arancelaria. Tratar de vestir estos pactos oscuros con frases altisonantes para encubrir la debilidad del actual gobierno es de lo que se ocupan personajes con tan escasa credibilidad y dudosa moralidad como la vicepresidenta Montero, los ministros Bolaños y Marlaska, y, en fin, la ensaimada que ejerce de portavoz del gobierno.
Fiscalizador de la oposición
Pero el PSOE de Sánchez, además de entregarse y vender su cuerpo y su alma a los enemigos declarados del orden constitucional durante casi siete años, se ha embarcado junto con los medios de comunicación afines en una guerra sin cuartel contra el PP y Vox, los dos partidos que, junto con la formación local UPN, conforman la oposición no extractiva de prebendas en el Congreso de los Diputados. No contento con intentar desacreditar a estos partidos, situando a todo ellos en el imaginario reino de la ‘fachosfera’, el gobierno de Sánchez inició en 2023 una cruzada singular dirigida a tumbar a la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, a cuenta del presunto fraude fiscal cometido por la pareja sentimental de la presidenta madrileña cuando ni siquiera se conocían.
Al frente de la brigada acorazada, Sánchez colocó al entonces jefe de su gabinete, Óscar López, y dejó en manos de su fiscal general la logística de la operación: hacerse con la información fiscal de Rodríguez Amador y hacérsela llegar al gobierno para filtrarla a continuación a medios de comunicación afines. La chapuza monclovita ha acabado tan mal que García Ortiz, principal responsable de velar por el cumplimiento de la legalidad en España, va camino de ser imputado por el Tribunal Supremo al ser el nexo clave en la filtración de la información fiscal de un contribuyente. Este episodio gubernamental tan poco edificante proporciona una idea bastante cabal de la catadura moral del presidente Sánchez y debería servir de prevención a quienes sopesan tenderle una mano para sacarle del pozo. El prófugo de Waterloo sabe muy bien que Sánchez no es de fiar y se limita a negociar con él solo asuntos cuando sabe que puede extraer concesiones que debilitan al Estado y refuerza su posición política en Cataluña.
Ni una manita
Feijóo y la cúpula del PP en Génova deberían medir muy bien sus próximos pasos. La intención de Sánchez es prolongar esta legislatura cuanto pueda para utilizar discrecionalmente todas las palancas con que cuenta la presidencia del Gobierno (Consejo de ministros, Mesa del Congreso, Tribunal Constitucional, Fiscalía general, Presupuestos Generales del Estado, etc.) para favorecer los intereses de su partido y sus intereses personales. Tal y como ha venido haciendo desde el 23-J, Sánchez va a intentar negociar acuerdos con sus avalistas para alargar la legislatura y afrontar con sus poderes intactos el delicado horizonte judicial que tienen por delante tanto el PSOE (casos Ábalos-Koldo-Aldama y García Ortiz) como algunos miembros de su círculo familiar más próximo (casos Begoña Gómez y David Sánchez).
La situación parlamentaria del gobierno de Sánchez resulta cada día más precaria porque su socio de gobierno (Sumar) y sobre todo sus avalistas en el Congreso le exigen concesiones a cambio de su respaldo, algunas de tanto calado (la financiación singular para Cataluña) que se ha visto obligado a renunciar a presentar los presupuestos de 2025 y prorrogar por segundo año los presupuestos de 2023. Con este panorama presupuestario se antoja muy complicado, por ejemplo, que el gobierno pueda cumplir sin hacer trampas el compromiso adquirido con la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta 2 % del PIB, en este caso porque la facción de Sumar dentro del propio gobierno no respalda, al menos de boquilla, aumentar el gasto militar.
No corresponde al PP acudir a sacarle las castañas del fuego. Sería un auténtico suicidio político, y Feijóo debe ignorar las voces de quienes le aconsejan dar este paso para quedar bien con Bruselas y hasta exigir a los suyos que lo aten al palo mayor para no enloquecer con el canto de las sirenas. Y es que cualquier movimiento que pueda ayudar a Sánchez a seguir en la Moncloa unos meses más constituiría un error fatídico que permitiría al presidente, salvado el escollo y recuperado el aliento, volver a las andadas: gobernar con Sumar y hacer concesiones cada vez más onerosas a los partidos que se han conjurado para eliminar la presencia del Estado en Cataluña (ERC y Junts) y el País Vasco (EH Bildu y PNV). La prioridad política de quienes hemos visto con preocupación cómo los sucesivos gobiernos presididos por Sánchez han ido socavando el ordenamiento constitucional es poner fin a esta peligrosa deriva cuanto antes, y los partidos de la oposición que comparten este objetivo han de rechazar de plano cualquier acuerdo con el PSOE-PSC que posibilite al presidente Sánchez dilatar la convocatoria de elecciones generales.
