La administración catalana representa la antítesis de lo que hay que hacer para facilitar y abaratar el acceso a una vivienda. Legisla contra propietarios, constructores y empresas que modernizan el parque de viviendas con una inquina digna de estudio psiquiátrico. Impulsa todas las ocurrencias habidas y por haber para estrangular la oferta de pisos, lo que lleva al encarecimiento generalizado de los precios de compra y alquiler.
Creen que jodiéndole la vida a los que construyen, rehabilitan o alquilan viviendas van a defender más a las personas con menos recursos. Elevándoles impuestos, burocracia e imponiendo límites a su actividad lo único que consiguen es que se vayan a otras comunidades autónomas menos agresivas contra el sector que posibilita el aumento de oferta de pisos a precio asequible.
Otorgándole todos los derechos del mundo a los inquilinos lo que único que consiguen es que los valientes arrendadores de viviendas que quedan –en su inmensa mayoría particulares con una vivienda– se vean obligados a imputar a su arrendatario el coste de contratar un seguro contra impagos, el riesgo de que su propiedad sea okupada en cualquier momento, la limitación de la actualización anual de las rentas y la imposibilidad de desahuciar a inquilinos morosos. Como nuestros sectarios gobernantes catalanes saben que eso pasa porque sus leyes así lo incentivan, también decidieron topar los alquileres que puede obtener el arrendador. Resultado: ha caído el 58% de la oferta de pisos en alquiler en Cataluña, los precios suben un 5,5% y en Barcelona hay 341 interesados por cada vivienda que se publica durante los diez primeros días de un anuncio en alquiler. Lógicamente, el propietario siempre elige a los inquilinos que mayor renta disponible pueden acreditar y los potenciales inquilinos con menos recursos que la izquierda dice defender siempre se quedan sin opciones.
«El panorama es desolador, preocupante y está condenando a miles de familias a la ruina. Todo por culpa de una izquierda.»
Con esta incertidumbre jurídica provocada por la izquierda y los separatistas en Cataluña es normal que muchos propietarios de pisos lleguen a la conclusión que es mejor tener el piso cerrado y lleno de telarañas que ganar los cuatro duros que te deja el Gobierno a cambio de asumir el riesgo de comerse unos okupas arruinándote la vida. Según los últimos datos de INE, basados en el consumo de electricidad, el 9% de los pisos de la ciudad de Barcelona en 2024 estaban cerrados. A nadie con dos dedos de frente le puede extrañar que el topar los precios del alquiler y esta estúpida legislación generarían tales efectos, tal y como ha señalado recientemente el mismísimo Fondo Monetario Internacional.
Los socialistas también han decidido recientemente frenar en seco la rehabilitación de viviendas y bloques en deficientes condiciones de habitabilidad. Salvador Illa y sus socios comunistas han decidido que las empresas que modernizan viviendas, al invertir, ya no se podrán beneficiar un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido. Quieren que las empresas que se dedican a actualizar el parque de viviendas paguen en el momento de la compra de una vivienda o edificio devastado hasta un salvaje 20% de ITP y un 3,5% de AJD, en el caso de ser “gran tenedor” -5 o más viviendas en áreas tensionadas-. Conclusión: las empresas revenderán el piso rehabilitado en Cataluña a un mayor precio del previsto para imputar a los compradores esos disparatados impuestos o, directamente, se marcharán a modernizar el escaso y deficiente parque de viviendas a otras comunidades autónomas para evitar a las insaciables sanguijuelas fiscales en la que se apoya Salvador Illa.
El panorama es desolador, preocupante y está condenando a miles de familias a la ruina. Todo por culpa de una izquierda que prefiere pasarse el día vomitando ideología marxista contra “la malvada derecha”, “los malditos especuladores” o los “asquerosos rentistas” en vez de impulsar políticas efectivas que de verdad aumenten la oferta de vivienda para que los precios se moderen. Si les importaran de verdad los catalanes más vulnerables, deberían dejar de asfixiar a aquellas empresas y propietarios que hacen, precisamente, lo que la administración es incapaz de hacer, que no es otra cosa que poner vivienda digna en el mercado.
Ojalá cambie el panorama político para evitar que decenas de miles de familias se queden sin techo en una comunidad en la que, por cierto, la vivienda pública brilla por su ausencia.
