Mònica Martínez, consellera de Drets Socials, se niega a precisar cuántos menores extranjeros no acompañados siguen cobrando ayudas de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Su opacidad respecto al gasto de su Departamento ha encendido los ánimos en Cataluña, y la falta de respuestas claras en la sesión de control de ayer sigue generando reacciones adversas en plataformas digitales, donde el tema sigue siendo tendencia.
Aquesta és la consellera que viu a Madrid i només passa 3 nits per setmana a BCN, què voleu que sàpiga sobre el que fan a la DGAIA. Sorprenentment, cap grup de l'oposició li retreu. https://t.co/1lW48imX1Q
— La Psicòloga del Born (@psiborn) April 10, 2025
En un contexto ya marcado por escándalos en la gestión de la DGAIA, la aparente ocultación de datos empeora la percepción ciudadana. La destitución de su directora en marzo y las denuncias sobre contratos irregulares han avivado las críticas, que incluyen desde demandas de más transparencia hasta reproches por una presunta mala administración de fondos públicos. La intervención de Vox en el Parlament, que vinculó las ayudas a una preferencia por “inmigrantes ilegales”, no hace sino polarizar más el debate, enmarcando parte de la discusión dentro una cuestión ineludible; las migratorias.
Perquè les irregularitats de la #DGAIA son un escàndol. https://t.co/1qK2ddIp7l
— RosaB (@rosabavi) April 9, 2025
El sentimiento predominante es de indignación. Se oyen voces exigiendo una auditoría independiente para esclarecer el uso de los recursos «destinados a menores vulnerables». Los problemas estructurales en el sistema de protección de menores no son ninguna novedad, informes previos ya señalaban irregularidades. Medios digitales y plataformas también reflejan esta tensión, con opiniones divididas entre quienes ven en la evasiva un intento de encubrir fallos y quienes consideran que las acusaciones son «exageraciones para ganar rédito político».
El episodio pone al Govern, de nuevo, en una posición delicada, presionado para ofrecer respuestas concretas que desactiven las sospechas. Por ahora, la ausencia de datos oficiales solo intensifica el ruido digital, dejando el debate atrapado entre la gestión administrativa y las agendas partidistas.
