El accidente minero en Cerredo (Asturias) que acabó con la vida de cinco trabajadores —de entre 23 y 54 años— conmocionó a toda España. El histórico Santa Bárbara Bendita, himno de los mineros, volvió a sonar en plazas, concentraciones y medios, como lamento colectivo ante una tragedia que, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una tendencia alarmante.
Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 796 personas murieron en su jornada laboral solo en 2024, lo que confirma un incremento sostenido desde 2018, cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno. Desde entonces, más de 5.000 trabajadores han fallecido en accidentes laborales en nuestro país.
Peor que Zapatero y Rajoy
Las cifras contrastan con las de la década anterior (2007–2017), en la que los fallecimientos descendieron paulatinamente bajo los gobiernos de Zapatero y Rajoy, hasta situarse por debajo de los 620 al año.
CCOO y UGT mudos
Sin embargo, el repunte actual no ha sido respondido con la contundencia esperada por parte de los sindicatos mayoritarios. Salvo una tímida concentración convocada por UGT y CCOO el pasado 1 de abril en Oviedo, la reacción ante las muertes de los mineros de Cerredo y el deterioro de las condiciones laborales en muchos sectores ha sido prácticamente inexistente.
El contraste resulta todavía más evidente si recordamos que la última huelga general en España fue convocada en 2012, precisamente en respuesta a una reforma laboral del Partido Popular. Entonces, las centrales sindicales no dudaron en movilizar al país. Hoy, con cifras objetivamente más graves en cuanto a fallecimientos laborales, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO) optan por la pasividad y el alineamiento con el poder político.
