Según la cartera de Función Pública, 799 altos cargos a dedo y asesores forman parte de la Administración del Estado, lo que representan más de 85 millones en salarios para los primeros, y 75 millones para los segundos. Ni siquiera me atrevo a contar ese tipo de contrataciones dentro del conjunto de empresas públicas. La colocación de prostitutas por orden del exministro Ábalos es un tema que aún no he digerido.
Pues a alguno de esos enchufados digitalmente, muchos con una preparación más que discutible, se le ha ocurrido que para defender a la universidad pública hay que atacar a la privada. A la vacua ministra de Hacienda le ha parecido una buena idea y lleva días soltando perlas contra la universidad privada en España. Dice la ramplona candidata andaluza del PSOE que la educación privada es un ataque a los trabajadores, que sus alumnos no salen preparados, que sólo compran los títulos y que, al no estar cualificados, son una amenaza contra la sociedad, especialmente los médicos a los que atacó la semana pasada obviando que también deben superar el examen MIR. Y se queda tan pancha.
«Al socialismo trasnochado que sufrimos aún no le entra en la cabeza que para defender lo público no hace falta atacar lo privado.«
Montero y sus asesores han pasado por alto que muchos dirigentes socialistas han estudiado precisamente en escuelas privadas. El primero, Pedro Sánchez, ha realizado todos los estudios en centros privados, incluida la tesis fake que nunca ha querido enseñar a nadie. De hecho, nunca ha pisado una universidad pública a no ser que sea para ayudar a que su mujer ponga el cazo o quedarse con el software de una universidad pública. Al líder del PSOE se suman otros ocho ministros, quienes, en conjunto, han realizado al menos diez programas de estudios —ya sea diplomaturas, másteres o licenciaturas— en entidades privadas, y otras tres formaciones coordinadas por una institución pública junto a una privada. Son la hipocresía al cuadrado.
Al socialismo trasnochado que sufrimos aún no le entra en la cabeza que para defender lo público no hace falta atacar lo privado. Además, le molesta muchísimo que cada día más alumnos elijan la formación privada ante la falta de calidad del sistema público y porque, estudiando lo mismo, la universidad privada garantiza mejores empleos y sueldos que la formación pública. Nadie en su sano juicio pagaría mucho por obtener lo mismo a un precio notablemente menor.
La izquierda, tan tenaz en la voluntad de controlar políticamente las universidades, observa atónita como se van quedando año a año con menos alumnos a los que adoctrinar a través de sus sindicatos, funcionarios, profesores estilo Monedero y sindicatos de estudiantes tan bien untados por la izquierda. Sólo un dato: desde el curso 2015-2016, el número de estudiantes matriculados en centros públicos ha descendido un 6%, pasando de 1.143.223 alumnos a 1.077.830 alumnos en ocho años. En el mismo periodo, los estudiantes de universidades privadas han aumentado desde los 178.475 alumnos hasta los 300.994; es decir, un 68%.
Un Gobierno serio se debería plantear cómo mejorar la universidad pública. Aumentar la oferta de estudios solicitados por las empresas, con medios técnicos suficientes para mejorar la formación de alumnos, elevar el prestigio de los centros, reducir la burocracia para facilitar el acceso, evitar la masificación en las aulas y garantizar que los profesores sean excelentes y no colegas del partido. Si quieren asegurarse de que las privadas ofrezcan una calidad superior, que modifiquen la ley orgánica para elevar y controlar los estándares académicos para evitar los chanchullos que ellos dicen que se producen. Punto. El resto es volver a enfrentar españoles, en este caso por el origen de los títulos académicos, para tratar de rascar cuatro votos en Andalucía.
La ministra de Hacienda, después de cepillarse la presunción de inocencia, también cuestiona así el artículo 27 de la Constitución Española que consagra la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros docentes y la autonomía universitaria. No hay derecho fundamental que no cuestionen estos ministros que se creen los dueños de un cortijo llamado España.
