La Conferencia Episcopal Española, institución que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica en España, ha expresado su apoyo a la regularización de 500.000 inmigrantes en situación irregular. Lo ha hecho durante el discurso inaugural de su Asamblea Plenaria, donde su presidente, Monseñor Luis Javier Argüello, ha señalado que la Iglesia «siempre ha reconocido el derecho del Estado a regular los flujos migratorios». No obstante, tras admitir que esta labor compete exclusivamente a las instituciones, ha subrayado: «No podemos abandonar a niños, enfermos y trabajadores».
La Iglesia se ofrece a mediar entre PP y PSOE
En un gesto inusual, Argüello se ha ofrecido como mediador entre el Partido Popular y el Partido Socialista, a quienes ha definido como «los dos grandes partidos», con el objetivo de impulsar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de inmigrantes, aprobada en las Cortes hace un año. En su intervención, ha defendido que esta medida es «un ejercicio de regeneración democrática».
Sin embargo, sus palabras no han sentado bien a un grupo de manifestantes congregados en la calle Añastro, en Madrid, que protestaban contra la postura de la Conferencia Episcopal y exigían que la Iglesia se pronunciara a favor de mantener el Valle de los Caídos. Al salir los obispos, los manifestantes corearon cánticos como «Judas, traidor, vendido». La asociación Hazte Oír también acudió a la protesta con un camión en cuya carrocería se podía leer el mensaje: «Resignificar es profanar».
Mons. Argüello, ¿comunista?
La controversia se ha avivado en redes sociales, donde algunos usuarios han rescatado el pasado político de Monseñor Argüello, difundiendo una imagen suya junto al exsecretario general del PCE, Santiago Carrillo, en un mitin. Su silencio sobre la exhumación de Francisco Franco contrasta con su postura de 2019, cuando pidió al Gobierno «no reabrir heridas entre españoles», lo que ha provocado críticas de sectores conservadores.
Vox se enfrenta a la Conferencia
Desde Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé ha sido contundente en su rechazo a la propuesta episcopal: «[Las personas a las que hace referencia Argüello] no viven en tierra de nadie. Viven en España. Han entrado en España sin cumplir nuestras leyes». A su juicio, esto significa que muchos «no nos respetan ni lo harán jamás». Además, ha remarcado que «el concepto mismo de regularización general, extraordinaria y masiva, sin atender el caso concreto, se opone a lo justo», justificando así la negativa de su partido a apoyar la ILP.
Mientras la Conferencia Episcopal insiste en la necesidad de avanzar en la regularización, el debate sigue abierto y enfrenta posturas irreconciliables entre el sector eclesiástico y la derecha política.
