Siete asociaciones de jueces y fiscales han mostrado este lunes su rechazo a la postura de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la absolución del exjugador del Barça Dani Alves. La socialista ha afirmado que la sentencia absolutoria del Tribunal de Justicia de Cataluña es «una vergüenza» y ha criticado que «todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos». Unas palabras que han hecho estallar a las entidades Asociación Profesional de la Magistratura Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
En un comunicado conjunto, estas asociaciones profesionales han señalado que «la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho». «Las resoluciones judiciales», han explicado, «se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial».
Responsabilidad penal
En la misma nota, han subrayado la importancia de la presunción de inocencia. En este sentido, jueces y fiscales han indicado que esta es «un derecho fundamental recogido en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España». También han destacado que la presunción de inocencia «garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho». «Cuestionar este principio básico», han advertido, «puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios».
Apoyo a las víctimas
Jueces y fiscales han reconocido también que es importante «proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales». «Es fundamental que se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merece». Pero esto, han añadido, «debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto».
Las siete asociaciones, finalmente, han exigido a «todos los representantes públicos» que ejerzan «la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refiere a decisiones judiciales». Para los jueces y los fiscales las críticas sobre estas decisiones «son legítimas». Sin embargo, han advertido, «deben ser contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y poner en peligro el Estado de Derecho».
