La absolución de Dani Alves ha hecho que muchas personas se pregunten como se indemniza el haber estado algo más de un año en prisión preventiva.
En España, la indemnización por prisión preventiva en caso de absolución está regulada principalmente por el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Desde una sentencia del Tribunal Constitucional en 2019 (STC 85/2019, de 19 de junio), se ampliaron los derechos de las personas que, tras sufrir prisión preventiva, son absueltas o cuya causa se sobresee libremente, independientemente del motivo de la absolución. Antes de esta sentencia, solo se indemnizaba si la absolución se debía a la «inexistencia del hecho imputado», pero ahora se aplica a cualquier caso de absolución o sobreseimiento libre, siempre que se hayan causado perjuicios.
Requisitos para la indemnización
- Haber sufrido prisión preventiva: La persona debe haber estado privada de libertad como medida cautelar durante el proceso penal.
- Absolución o sobreseimiento libre: El proceso debe haber concluido con una sentencia absolutoria firme o un auto de sobreseimiento libre (que ocurre cuando se acredita que no hay delito o que los hechos no son punibles).
- Perjuicios acreditados: Es necesario demostrar que la prisión preventiva causó daños, ya sean personales, familiares, laborales, económicos o morales. Sin embargo, los tribunales suelen considerar que el hecho mismo de estar privado de libertad ya implica un perjuicio, salvo casos excepcionales.
Procedimiento para reclamar
- Reclamación administrativa: Se presenta una solicitud ante el Ministerio de Justicia dentro del plazo de un año desde que la absolución o el sobreseimiento sean firmes.
- Vía judicial: Si el Ministerio deniega la indemnización o no responde en tres meses, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, que evaluará el caso.
Cálculo de la indemnización
No existe una ley que fije una cuantía exacta, por lo que la determinación depende de los tribunales y del análisis caso por caso. Sin embargo, se toman en cuenta varios factores:
- Tiempo de privación de libertad: La duración de la prisión preventiva es el elemento principal. La jurisprudencia tiende a establecer una base aproximada de entre 25 y 30 euros por día, aunque puede variar.
- Consecuencias personales y familiares: Se valoran daños como pérdida de empleo, impacto en la reputación, angustia psicológica o ruptura de vínculos familiares.
- Naturaleza del delito imputado: Si el delito era especialmente grave o estigmatizante (por ejemplo, abuso sexual o terrorismo), el daño moral puede incrementarse.
- Criterios jurisprudenciales: El Tribunal Supremo ha indicado que la indemnización debe aumentar de forma progresiva si la prisión fue prolongada, ya que el perjuicio se agrava con el tiempo.
Por ejemplo, en un caso de 2019, el Tribunal Supremo otorgó 3.000 euros por 351 días de prisión preventiva (unos 8,5 euros diarios), pero en casos más recientes, como uno de marzo de 2025, la Audiencia Nacional concedió 24 euros por día por 408 días (9.792 euros en total), mostrando que las cuantías pueden ser modestas y variables.
Casos prácticos
- Sandro Rosell: Tras 645 días en prisión preventiva y ser absuelto, reclamó millones, pero la Audiencia Nacional le concedió solo 70.000 euros, considerando el impacto mediático.
- Dolores Vázquez: Estuvo 17 meses en prisión por un crimen que no cometió. Aunque reclamó 4 millones, no obtuvo indemnización por no seguir la vía adecuada en su momento (error judicial).
Limitaciones
- Las indemnizaciones suelen ser bajas en comparación con los daños reales, y los abogados penalistas critican la falta de un baremo claro.
- Si la absolución ocurre antes de 2019, no se aplica la nueva doctrina, salvo excepciones.
En resumen, en España sí se indemniza la prisión preventiva tras una absolución, pero el proceso requiere acreditar perjuicios y la cuantía depende de factores variables, generalmente resultando en compensaciones modestas que no siempre reflejan el impacto total en la vida del afectado
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