La convocatoria de elecciones generales no resolvería la profunda crisis institucional y política en la que los sucesivos gobiernos presididos por Sánchez desde el 1 de junio de 2018 han sumido a la sociedad española. La mayoría de los problemas de fondo (encaje del modelo territorial, carestía de la vida y altos precios de la energía, difícil acceso a la vivienda, elevados déficits públicos y endeudamiento del Estado, escaso crecimiento de la productividad, etc.), más que afrontarse se han sorteado con tretas y argucias legales, pero los problemas de fondo siguen estando ahí y serán una difícil papeleta a resolver para quienquiera que sustituya a Sánchez al frente del gobierno de España, tal y como le ocurrió al presidente Rajoy cuando tuvo que hacer frente al desastroso legado de Rodríguez Zapatero en 2012.
Más allá de los escándalos de corrupción y abuso de poder que cercan a Sánchez y están minando la credibilidad de instituciones claves del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado o la Fiscalía General), la causa principal del deterioro de la vida pública en España se encuentra en la decisión adoptada por Sánchez en noviembre de 2019 de gobernar con el respaldo de organizaciones políticas, ideológicamente extremistas y hasta xenófobas en algunos casos, que le han ido marcado la hoja de ruta tanto desde dentro del gobierno, Podemos, primero y Sumar después, como desde Cataluña (ERC y Junts) y el País Vasco (PNV y EH Bildu). La necesidad de satisfacer las exigencias de unos y otros está detrás de los cambios de opinión de Sánchez sobre los indultos y la amnistía a los golpistas catalanes, la condonación con cifras marcadas de deuda a las CC, AA., la transferencia de las competencias de inmigración y fronteras a la Generalidad de Cataluña, o el reparto asimétrico de menores no acompañados entre CC. AA.
A nadie puede extrañarle que cuando se gobierna al dictado de otras formaciones políticas de variado pelaje se produzcan una y otra vez inconsistencias entre las declaraciones y los compromisos manifestados un día y las decisiones adoptadas la semana siguiente. Pero el daño más grave a las instituciones no reside en los cambios de opinión de quienes gobiernan para satisfacer las exigencias variables de sus avalistas, sino en los mecanismos torticeros empleados para justificarlas porque son precisamente los intentos de racionalizarlas los que minan la credibilidad de las instituciones públicas.
En mi artículo de la semana pasada, “¿Quién pagará el exceso de deuda condonada?”, analicé el procedimiento seguido por la vicepresidenta Montero para condonar 17.104 millones de la deuda de la Generalidad de Cataluña con el Estado y cumplir así el acuerdo de investidura de Sánchez con ERC de condonar 15.000 millones de esa deuda. La ministra de Hacienda no podía reducir únicamente la deuda en 10.249 millones, la cifra que le correspondía en función de su población ajustada, y se inventó un segundo criterio, completamente arbitrario: condonar al menos 19 % de la deuda incurrida, lo que supuso añadir 6.317 millones a los 10.249 millones ya condonados a Cataluña, en tanto que la mayoría de las Comunidades no veían reducida su deuda en un solo euro y la deuda de sus residentes, mientras que el conjunto de los españoles, ve aumentada su deuda sin haber recibido ningún beneficio a cambio salvo los residentes en Cataluña.
Como el segundo criterio, no beneficiaba a Andalucía, la Comunidad que Montero aspira a presidir, la ministra de Hacienda se inventó un tercer criterio: condonar deuda a las Comunidades peor financiadas y a aquellas que subieron los impuestos para corregir el déficit. Pero la aplicación del tercer criterio sólo suponía una condonación adicional de 484 millones de deuda de la Generalidad de Cataluña y, por tanto, la condonación resultante de aplicar el primer y tercer criterio daba una condonación de deuda, 10.733 (=10.249+48) millones. Muy inferior a la cifra de 15.000 millones acordados con ERC para investir a Sánchez. Ésta es la única justificación para introducir un segundo criterio, arbitrario e injusto, que condona deuda a las Comunidades que menor esfuerzo hicieron para no aumentar su deuda y penaliza a las que siguieron una senda fiscal más rigurosa y prudente.
Esta semana, los líderes de Junts volvieron a sorprender anunciando el acuerdo alcanzado con el gobierno de Sánchez para repartir a los inmigrantes menores no acompañados. Según fuentes de Junts a Cataluña le correspondería acoger a entre 20 y 30 migrantes de los 5.400 menores a redistribuir entre todas las Comunidades Autónomas. El gobierno, con su habitual cinismo, ha vestido el santo con todos los oropeles ‘progresistas’ propios de semejante gesta para aprobar el “real decreto ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia”. ¿Quién salvo los racistas más recalcitrantes pueden negarse a rechazar acogerlos en aras al interés superior de la infancia y la adolescencia? La respuesta no admite dudas de confirmarse la información publicada en algunos medios de comunicación de que Cataluña sólo acogerá a 27 de los 4.400 menores a repartir en una primera fase. La cifra no deja en muy buen lugar la noción tan repetida por algunos políticos de que Cataluña ha sido siempre un lugar de acogida fraternal de inmigrantes de cualquier edad y condición y la Generalidad una institución libre de cualquier asomo de racismo.
Todo apunta a que los partidos catalanes están exentos de demostrar el “sentido de Estado y la defensa de «los derechos humanos, la dignidad y la igualdad” que el ministro Torres reclamaba en su comparecencia tras el Consejo de ministros al resto de Comunidades Autónomas. La pregunta del millón es cómo vestirá Torres la mona ahora que se acerca la Pascua, una fiesta muy apreciada en Cataluña. Al igual que ocurrió con la operación “condonar deuda a Cataluña”, retorcida por la vicepresidenta Montero hasta salir con una cuantía superior a los 15.000 millones acordados con ERC, va a resultar también muy entretenido seguir los esfuerzos del ministro Torres, el mismo sujeto que compró y pagó mascarillas averiadas a la trama Ábalos-Koldo-Aldama cuando era presidente de Canarias, para justificar que Cataluña acabe recibiendo entre 20 y 30 menores tan solo.
De momento, Torres ha dejado caer que “la capacidad ordinaria de [acogida de] cada territorio se determina con criterios transparentes y claros” y “todas las comunidades tienen igualdad con respecto a la capacidad ordinaria porque está basada en un criterio absolutamente objetivo como es la población”. Pues bien, utilizando el “criterio absolutamente objetivo” de la población, a Cataluña le correspondería, sobre un total de 4.400 menores a distribuir entre todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, acoger a 725, a Andalucía a 781 y a Madrid a 684. Rebajar de 725 a una treintena la cifra de menores acogidos en Cataluña constituye una proeza que supera incluso la de elevar de 10.249 millones a 17.104 millones la deuda condonada a Cataluña.
¿Quién nos asestará la próxima puñalada? ¿Junts, ERC, EH Bildu o el PNV? Se admiten apuestas. Todos ellos prestos a negociar con el gobierno con la daga escondida en la bocamanga. Se lo digo muy en serio: lo mejor que puede sucedernos a los españoles en tan precarias circunstancias es que no lleguen a buen puerto las negociaciones del gobierno de Sánchez con sus avalistas para aprobar los Presupuestos Generales de 2025. Y lo más deseable sería que el presidente convocara elecciones generales porque, como le dijo Sánchez al presidente Rajoy, gobernar sin presupuestos es “como [conducir] un coche sin gasolina”. Además, ¿no le asegura el CIS Tezanos que podrá rellenar el tanque exhausto con una holgada victoria en las urnas? Pero ni sus propios argumentos ni las cuentas de Tezanos parecen hacer mella en un presidente dispuesto a mantenerse en la Moncloa a toda costa.
