Hace cinco años el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal conocido como Next Generation EU dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados Miembros. El Fondo de Recuperación quiso dar una respuesta europea coordinada para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
Los objetivos prioritarios de aquellos fondos eran promover inversiones en “ecosostenibilidad”, economía resiliente (pueden reírse) y en la digitalización. Entre pitos y flautas, entre préstamos reembolsables y transferencias directas, a España le tocó gestionar la friolera de 163.000 millones. Un buen trozo del pastel atendiendo a que nuestra economía fue la que peor reaccionó a la pandemia. Pedro Sánchez nos vendió a bombo y platillo que esos fondos iban a ser un brutal revulsivo de nuestra economía, que habría un cambio excepcional en la sociedad y que habían sido “el mayor avance en este siglo para la integración europea». Con el tiempo por podemos afirmar que, tal y como algunos anticipamos, ha faltado eficacia en la ejecución, transparencia en la adjudicación y ha sobrado negligencia y burocracia en puesta en marcha, totalmente de espaldas a las necesidades de las empresas españolas.
La gestión de los fondos Next Generation ha sido el mayor fiasco en la gestión de fondos públicos de la historia. El Gobierno socialista ha despilfarrado el mayor apoyo fiscal desde el Plan Marshall. Es vergonzoso que los mayores beneficiarios sean administraciones públicas y sus empresas dependientes. Con los últimos datos extraídos del sistema CoFFEE en febrero de 2025, se puede observar que el sector público ha recibido el 77,2% de los fondos adjudicados a los 100 mayores beneficiarios. De los casi 9.850 millones de euros distribuidos, 6.417 millones han ido a parar a entidades públicas, 488 a Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otros 695 millones a diferentes ministerios, dejando sólo el 21,29% para empresas privadas.
Sobre las ayudas que han recibido las pequeñas empresas y startups, el abandono es palpable. El sistema se diseñó para que algunas recibieran el denominado “kit digital” y poco más. Y eso en el país con más proporción de pymes de Europa es tan lamentable como no saber el qué, el quién, el cómo y el cuánto en el reparto de las ayudas europeas. No sorprende en absoluto que el Tribunal de Cuentas de la UE nos haya llamado la atención en diversas ocasiones por no saberles explicar el destino de las ayudas europeas.
El Tribunal de Cuentas europeo ha destacado que falta información completa sobre el progreso de los hitos y objetivos que se han incumplido, los titulares reales de los fondos, las fuentes de financiación de la UE, ni los importes efectivamente pagados, lo que aumenta las dudas sobre si el dinero ha llegado a quienes realmente lo necesitan.
No es de recibo que absolutamente nadie sepa a ciencia cierta cómo nos estamos gastando estas ingentes cantidades de dinero público. Tenemos que exigir que la gestión de estos fondos se haga con mayor claridad para evitar el nepotismo, el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. No podemos esperar transparencia y buena fe de un Gobierno cuyo presidente tiene a su mujer, a su hermano y a su mano derecha durante años imputados por repugnante y esperpéntica corrupción.
No me extraña que este año España haya bajado 10 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional. Ojalá algún día dejemos de leer que en el mundo hay 45 países menos corruptos que el nuestro y lideremos los rankings de buen gobierno y honradez de la cosa pública.
