Miriam González, abogada madrileña con una destacada trayectoria internacional, ha canalizado su experiencia global en una «cruzada por la ética en la política española». Tras años trabajando en Clifford Chance, bufete en Londres y como asesora de la Comisión Europea, González lidera España Mejor, un movimiento civil que promueve la transparencia y la honestidad entre los gobernantes. En 2016 envió un Código Ético a 400 administraciones públicas, pero ninguna lo ha suscrito a pesar de «recibirla con interés». «Nos reciben casi todos, pero luego no hay compromiso», lamenta, reflejando su frustración ante la resistencia que el entramado institucional español muestra ante el necesario cambio.
El periódico @el_pais se hace hoy eco de nuestro Código Ético para el Gobierno en un artículo de @javiercasqueiro.
— España Mejor (@EsMejorOficial) March 17, 2025
Los políticos siguen sin asumir un compromiso real con la ética.
Léelo completo aquí: https://t.co/aZTAqme853
Un cambio necesario
Los esfuerzos de González cobran especial relevancia frente a un informe de la Civil Liberties Union for Europe, hecho publico hoy y cubierto en un artículo de El Nacional, que alerta sobre el estancamiento del estado de derecho en España. El documento denuncia retrocesos en la independencia judicial, la transparencia política y la protección de derechos fundamentales, además de criticar el uso desproporcionado de la fuerza policial en manifestaciones. Estas carencias son precisamente las que España Mejor busca abordar, alineándose con los estándares de gobernanza que González conoció y aplicó durante su carrera en el extranjero, donde colaboró con líderes y expertos en políticas públicas en regiones con sistemas administrativos y de gobernanza más avanzados.
España se estanca en los indicadores del estado de derecho, según Civil Liberties Union for Europe vía @elnacionalcat_e https://t.co/o2kueYtJ4d
— Toni C. (@tonicesteve) March 17, 2025
El Código Ético de España Mejor, con sus 10 puntos básicos, no pretende imponer una agenda partidista, sino establecer estándares universales de gobernanza. González enfatiza que el movimiento es un impulso ciudadano, diseñado para presionar a las instituciones a adoptar prácticas más responsables. Un compromiso ético podría garantizar una justicia más independiente, mientras que una mayor apertura dialogante podría reducir las tensiones en las protestas, ideas que González ha defendido con base en su experiencia internacional.
Si bien la tarea no es fácil, González parece discupesta a enfrentar los obstáculos que sean necesarios. Su mensaje resuena ante una ciudadanía que vive con hastío y resignación el derroche y malas práctias de las administración públicas, mal endémico en España.
