La ciudad gerundense de Salt ha vuelto a ser noticia por graves disturbios. Contenedores quemados y lanzamientos de piedras contra la Policía durante dos noches para “defender” a un imán que había sido desahuciado de su vivienda por no pagar el alquiler durante los últimos cinco años. Cinco.
Salt resume perfectamente los principales problemas de Cataluña: inmigración descontrolada, demasiadas zonas “No-Go”, permisividad con los okupas, falta de autoridad de los agentes de policía y políticos irresponsables incapaces de hacer frente a los problemas y poco dispuestos a hacer cumplir la ley.
El municipio de Gerona sufre, sí, he dicho sufre, un porcentaje de inmigración que roza el 40%. Tal cifra de inmigración legal e ilegal es imposible de asimilar para una población en tan pocos años. Las costumbres y la cultura islámica condicionan todos los aspectos de la vida de esa población. La inseguridad ciudadana está disparada. Las mujeres árabes tienen los mismos derechos que una cabra. El comercio tradicional español ha sido sustituido por carnicerías halal y badulaques de todo tipo. Devaluación de las viviendas de toda la ciudad. Africanos y subsaharianos han ido imponiendo sus maneras de ver la vida e incomodan sobremanera a los españoles que han vivido allí durante décadas.
Como en muchas ciudades de Europa, los inmigrantes de primera y segunda generación vagan por las calles sin oficio ni beneficio. Sólo generan problemas, disturbios y protagonizan actos incívicos y vandálicos que obligan a los autóctonos a mudarse a otros municipios más pacíficos y normalizados. El problema, por tanto, no va a menos. Cada día que pasa Salt se parecerá más a Tanger y las autoridades, por miedo y por electoralismo, no se atreven a poner orden. De hecho, hacen lo contrario a lo que tendrían que hacer: les ríen las gracias, critican a los que sí se atreven a señalar el grave problema, tratan de pescar votos en esas comunidades aisladas del resto de la ciudad y usan los presupuestos públicos para otorgarles ayudas sociales de todo tipo que salen del bolsillo de los que sí cotizan y madrugan.
En Cataluña incendiar un pueblo entero tiene premio
Antonio Gallego
En ese tipo de municipios (en Cataluña hay varios así) los imanes controlan la comunidad y gestionan la “paz social”. Las leyes, los reglamentos y las ordenanzas españolas para ellos son papel mojado. El sistema legal islámico, la sharía, tiene prioridad. La policía está superada y vendida por unos mandos políticos que, como decía antes, no tienen el arrojo de ayudar a los españoles ante tal colonización. De hecho, los disturbios causados para evitar el desahucio del imán moroso han dado sus frutos. El imán y sus 9 hijos ya tienen vivienda de protección oficial después de quemar medio pueblo, a pesar de que, según el propio alcalde del pueblo, el imán y su familia pueden pagarse un alquiler y tienen ingresos suficientes como para no requerir de ayudas sociales.
Mientras tanto, estupefactos, los españoles con residencia en Salt tendrán que seguir esperando a tener acceso a una vivienda pública a precio asequible. Empiezan a ver con claridad que los verdaderos ciudadanos de segunda son ellos y que en Cataluña incendiar un pueblo entero tiene premio. No sólo eso, algunos también empiezan a pensar que a lo mejor lo inteligente es okupar un pisito hasta que se rompa la baraja y les regalen uno. La barbarie lleva a más barbarie. El desprecio a la autoridad, a la propiedad privada, a la seguridad y a la libertad siempre acaba en caos y violencia.
La ausencia de una respuesta política, policial, penal y penitenciaria seria está llevando a Cataluña a ser un lodazal con demasiadas zonas “No-Go” donde los delincuentes y los extremismos religiosos que imponen la sharía campan a sus anchas. El multiculturalismo, el clientelismo político y el buenismo de la izquierda está amenazando gravemente nuestra convivencia. No tiene ningún sentido que los delincuentes tengan derecho a paguita y piso gratis porque la Generalitat les tiene miedo. Eso es propio de países fallidos.
