La Audiencia de Barcelona ha dictaminado que cortar el suministro de luz, agua o gas a un piso ocupado no constituye un delito de coacciones. Este fallo, publicado hoy por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), surge en un contexto de hastío social ante la proliferación de ocupaciones ilegales, que copan parte del debate mediático y político nacional.
Para muchos propietarios, cortar los servicios es una vía desesperada para intentar recuperar sus viviendas, y la decisión judicial parece querer darles un margen de maniobra, aunque no aborda directamente el fondo del problema. A diferencia de la Audiencia de Girona, que avala ya desalojos policiales en menos de 24 horas, Barcelona opta por una postura más ambigua y menos contundente.
🔴🔴🔴 Los jueces de Barcelona acuerdan que cortar el agua, la luz o el gas a ocupas no es delito https://t.co/DNKdMPilFF
— EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) March 14, 2025
El acuerdo establece a su vez que a partir de ahora las denuncias por usurpación leve -ocupar sin violencia un lugar deshabitado- no se archivarán de inmediato, sino que permanecerán abiertas hasta que los Mossos d’Esquadra identifiquen a los ocupantes. Esto responde a la dificultad de los propietarios para señalar a los responsables, un trámite que a menudo alarga los procesos. La justicia argumenta esta medida como una forma de agilizar la justicia y permitir la intervención de servicios sociales, pero se subraya en el texto que no es vinculante: los jueces seguirán resolviendo caso por caso.
Girona marcó hace ya tres meses un sonado precedente al autorizar a la policía a desalojar en las primeras 24 horas sin orden judicial. Los colegios de abogados de Barcelona, Málaga y Madrid pidieron reformas legales para desahucios cautelares en 48 horas. Sin embargo, los magistrados de la ciudad condal han evitado pronunciarse sobre estas propuestas, dejando aún la puerta abierta a futuras resoluciones.
La impunidad de esta práctica choca con el creciente clamor de quienes ven la ocupación como una amenaza directa al derecho de propiedad. Este fallo pone de relieve una justicia atrapada en tecnicismos, incapaz de ofrecer soluciones firmes a un problema que desborda la legalidad.
