La justicia ha archivado este miércoles la denuncia contra la humorista Lalachús por exhibir una estampita durante las Campanadas de TVE el pasado 31 de diciembre, un gesto que había sido acusado de «ofender los sentimientos religiosos» por parte de Abogados Cristianos. Según fuentes judiciales, el magistrado ha considerado que «no hay elementos suficientes para sustentar el delito», decisión amparada en la libertad de expresión y el «carácter humorístico de la acción».
El Gobierno ha acogido la decisión con entusiasmo, subrayando «su compromiso con la defensa de la libre expresión» y recordando su propuesta legislativa para eliminar del Código Penal el delito de ofensas religiosas, una reforma que aún no se ha materializado pero que el Ejecutivo insiste en priorizar.
Como dijimos, la supresión de este delito para garantizar la libertad de expresión y creación ya está en el Congreso. Se aprobará.
— Félix Bolaños (@felixbolanosg) March 12, 2025
Nadie merece pasar por un proceso judicial por algo así ni autocensurarse por miedo.
Ultras 0 – Libertad de expresión 1https://t.co/q67JEHpXx7
Una recepción desigual
La resolución judicial, que exculpa a su vez a David Broncano, llega tras la polémica desatada por su actuación en las campanadas. El archivo de la causa ha sido visto como una victoria por el Gobierno, que ha reafirmado su apuesta por un marco legal que “proteja la libertad creativa frente a interpretaciones restrictivas”. Sin embargo, esta celebración oficial ha chocado con una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios acusan al Ejecutivo de incoherencia y doble vara de medir, señalando que su defensa de la libertad de expresión parece selectiva y supeditada a su línea ideológica.
La trampa es que si alguien hace lo mismo pero con el islam, se le aplicará la ley de delitos de odio por ser una minoría «vulnerable» en España. Lo único que quieren hacer es legalizar el odio contra los católicos…como atea, esto me empieza a oler a persecución religiosa.
— Urdinblue EE (@UrdinblueE) March 12, 2025
Los usuarios señalan la paradoja de un Gobierno que aplaude el archivo de la causa de Lalachús mientras «impulsa medidas para combatir discursos disonantes bajo la etiqueta de fake news” y restringir narrativas que considera desinformación, casualmente siempre aquellas contrarias a su agenda progresista. Sectores de la ciudadanía acusan así al Gobierno de cancelar a quiénes no comparten los valores del Ejecutivo, mientras blindan las libertades de voces afines.
La misma libertad de expresión que le dais a @vitoquiles cuando hace demasiadas preguntas incómodas, ¿no?
— Kai (@FachaKai) March 12, 2025
El debate pone demanifiesto las tensiones entre la libertad de expresión y los límites que el Gobierno busca imponer en otros ámbitos. Mientras el Ejecutivo celebra el fallo como un avance hacia una sociedad más libre, los ciudadanos les acusan de instrumentalizar el concepto para favorecer discursos afines en detrimiento de narrativas discordantes.
